LOS CANDIDATOS AL CONGRESO 2020

He leído en algunos diarios y en redes sociales, algunas “propuestas” de algunos precandidatos de Arequipa y Lima a las elecciones congresales del 2020 que ya se auto promocionan. Un ex alcalde provincial de Arequipa promete que si es elegido congresista por los arequipeños, “vacará” de su cargo en seis meses al gobernador regional Cáceres Llica al que califica de incapaz e inepto.  Un agricultor del Valle de Tambo y opositor al Proyecto Minero Tía María, propone que la agricultura será su prioridad si es elegido parlamentario. En Lima, otro candidato anuncia que si es elegido congresista, promoverá una ley que impida la “invasión” de los venezolanos al Perú. Todas estas “propuestas” de estos precandidatos son descabelladas e irresponsables, poniendo en evidencia el desconocimiento de la función parlamentaria.

En ningún artículo de la Constitución, ni del reglamento interno del Congreso que tiene categoría de ley que regula la labor de los legisladores, les asignan las atribuciones que algunos precandidatos enumeran irresponsablemente ante los ciudadanos que no conocen en detalle las atribuciones de los congresistas. Los parlamentarios por mandato constitucional y de su reglamento interno, tienen tres derechos funcionales. 1.- Legislar, lo que significa que pueden proponer proyectos de ley para crear, modificar o derogar leyes vigentes, incluidas las propuestas de reforma constitucional, apoyados con las firmas de varios legisladores. 2.- Fiscalizar, lo que supone que el legislador puede participar en cualquier comisión investigadora o comisión especial que haya aprobado el Congreso, pero también solicitar informes a cualquier entidad estatal que estime necesario en su función de fiscalización. 3.- Representar, por lo que está facultado constitucionalmente a presentar pedidos por escrito en representación de sus electores a las autoridades estatales para atender en las necesidades de los pueblos que representan en el legislativo.

Los congresistas no pueden promover revocatorias de mandatos, primero, porque no es su derecho funcional, y segundo porque los legisladores al ser funcionarios públicos, tienen la obligación de ser neutrales cuando hay procesos electorales, por lo que es irresponsable “proponer” la vacancia de una autoridad como propuesta legislativa. Los parlamentarios cuando asumen el cargo, representan a todos los peruanos y no un sector específico del aparato productivo, porque sus remuneraciones sale de los impuestos que pagamos todos los peruanos y no solo del sector productivo que representa. Es más, no pueden ni deben ser lobistas de un sector específico, porque eso supondría que incurriría en un conflicto de interés que por ética pública, debería evitar el legislador elegido. Peor aún, un congresista cuando juramenta a su cargo, jura respetar la Constitución y la legislación vigente y no debe proponer propuestas legislativas que conculquen derechos fundamentales de las personas.

Por lo que, un candidato al Congreso no puede proponer una ley que detenga la “invasión de venezolanos”, ya que dicha propuesta, viola la Constitución del artículo 2 numeral 2 que refiere que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, por lo que, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica, etc. Lo mínimo que deberían leer los precandidatos o candidatos al Congreso en las elecciones al 2020, son la Constitución del Estado y el reglamento interno del Congreso para conocer con precisión cuáles son sus derechos funcionales y no hablar tonterías, ni prometer incoherencias por decir lo menos. Asimismo, tienen la obligación de leer las 35 Políticas de Estado del Acuerdo Nacional donde están las prioridades del Perú para las próximas décadas del cual pueden utilizar como base en sus propuestas legislativas, y leer también el Plan Bicentenario 2021 del CEPLAN donde están resumidos los ejes estratégicos del Estado Peruano y nuestra visión compartida de nuestra patria en el siglo XXI.

Cada quinquenio elegimos con esperanza a nuestros representantes al Congreso, pero cada vez nos decepcionamos más de este poder estatal, al extremo que más del 80% de peruanos en todas las encuestas, aprueban la disolución del Congreso que adoptó basado en la Carta Magna el presidente Vizcarra, ya que el primer poder del estado perdió legitimidad ante el país. Considero que la culpa no es de la institución denominada Congreso de la República, sino de sus integrantes que la conforman. La culpa es de los partidos políticos que no seleccionan bien a sus candidatos y habitualmente subastan las candidaturas, marginando a sus militantes. Pero, también la culpa es del pueblo, porque elegimos a ciudadanos que no tienen ninguna trayectoria, ni solvencia moral ni ética. Elegimos por elegir y no hurgamos en la trayectoria ni el currículum de los candidatos, ya que la política es lo último que nos interesa. Si nuestra familia tuviera dinero y quisiera crear una empresa, lo primero que tendríamos que definir es quién va a gerenciar esa empresa. Para confiarle la conducción de nuestra empresa, debemos revisar minuciosamente los currículum  de los candidatos a gerentes, porque de por medio está nuestro capital. No podemos confiarle a cualquiera la gerencia de nuestra empresa, porque del gerente puede depender el éxito o fracaso de nuestras aspiraciones familiares. Ese mismo rigor deberíamos tener para elegir a nuestros congresistas, porque ellos una vez elegidos, tomaran decisiones nacionales convertidas en leyes o reformas constitucionales en beneficio o perjuicio del soberano que es el pueblo peruano.