EL CONSEJO DE ESTADO

                                                 

                                         

La Presidenta del Congreso rehusó reunirse con el Presidente de la República en la convocatoria al Consejo de Estado que efectuó PPK para abordar temas anticorrupción. Salgado señaló a la prensa que por mandato constitucional no tenía la obligación de reunirse con el Jefe de Estado, por lo que su inasistencia no debería ser calificada como un “desaire” al Presidente y con mayor razón si el Poder Legislativo, aprobó una resolución legislativa por el cual se otorgaron facultades al Poder Ejecutivo para que emita decretos legislativos para combatir la corrupción en el país. Analicemos brevemente el tema de forma, es decir, el Consejo de Estado y en otra ocasión abordaremos el tema de fondo, es decir, la lucha anticorrupción. Históricamente en el Perú, el Consejo de Estado se instituyó en la Constitución de 1828 (art. 92,93 y 94), la Constitución de 1834 (art. 96, 97, 98, 99,100, 101, 102, 103, 104, 105 y 106), la Constitución de 1839 (art. 96, 97, 98, 99, 100,101, 102, 103, 104, 105, 106,107, 108,109 y 110), y en la Constitución de 1929 (art. 134).

En resumen, en esas Constituciones los Consejos de Estados eran órganos consultivos del Poder Ejecutivo que emitían dictámenes u opiniones sobre temas de interés nacional, sus integrantes eran nombrados por el gobierno y se renovaban cada dos años.  Funcionaban en la práctica cuando el Congreso Nacional estaba en receso parlamentario, ya que en el siglo XVIII y XIX  no había lo que hoy se denomina modernamente en el Derecho Parlamentario, la Comisión Permanente del Congreso y por ello, esa función la cumplía el Consejo de Estado. Nuestra actual Constitución vigente y aprobada en 1993 en ninguno de sus artículos, considero al Consejo de Estado por lo que constitucionalmente y jurídicamente no existe en la estructura del Estado Peruano, por lo que ninguna autoridad puede invocar y menos obligar a nadie a asistir a esas reuniones por muy bien intencionadas que sean, ya que en el país vivimos en un Estado Constitucional de Derecho (art. 3 Constitución) que gobernantes y gobernados debemos respetar.

En las constituciones comparadas hay  Estados que tienen Consejos de Estado. Colombia tiene su Consejo de Estado (art. 236,237 y 238), pero se desempeña como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo. Es un órgano consultivo del gobierno y emite opiniones si debe autorizarse o no el ingreso de tropas extranjeras, propone proyectos de ley y de reforma constitucional, etc. Venezuela  tiene su Consejo de Estado (art. 252 Constitución) que es un órgano de consulta del gobierno y la administración pública que aborda temas de interés y trascendencia nacional y lo preside el Vicepresidente de la República y tiene un cuerpo colegiado conformado por 5 integrantes de diversas instituciones. España también tiene su Consejo de Estado, (art. 107 Constitución) que la integran juristas de reconocido prestigio jurídico y moral que abordan asuntos de especial transcendencia, tienen comisiones de trabajo y pueden presentar proyectos de reforma constitucional y legal de interés nacional.

 La pregunta es obvia. ¿Debería reformarse la Constitución del Perú y crearse el Consejo de Estado? Si acaso el pueblo y los partidos políticos en el Congreso reforman la Constitución y crean el Consejo de Estado, ¿Qué funciones y atribuciones tendrían?, ¿Quiénes lo integrarían?, ¿Deberían ser elegidos por el pueblo o por el gobierno los Consejeros de Estado?, ¿Qué criterios o indicadores deberían cumplirse por parte de los postulantes si quieren ser Consejeros de Estado? Este es un tema de tesis de derecho de posgrado que requiere mucho análisis, pero no solo  de enfoque jurídico, sino político y social e incluso ético que los peruanos deberían comenzar a debatir y no acusar a la Presidenta del Congreso sin argumentos jurídicos.  PPK en campaña electoral manifestó que  su grupo político tenía el mejor equipo congresal y técnico para gobernar el país desde el poder legislativo y poder ejecutivo. Sin embargo, en menos en 100 dias está cometiendo múltiples errores que por la luna de miel política el pueblo le esta perdonando.

Los asesores de PPK debieron advertirle al Presidente que convocar al Consejo de Estado violaba los siguientes artículos de la Carta Magna. Art. 3 (vivimos en un Estado de Derecho), art. 15 (el poder del Estado emana del pueblo y quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y la ley establecen), art. 38 (todos debemos respetar, cumplir y defender la Constitución y las leyes), art. 43 (El Estado es uno e indivisible y hay división de poderes de Estado), art. 51 (la Constitución prevalece sobre toda norma legal), art. 102 (es atribución del Congreso…velar por el respeto de la Constitución y las leyes) y, art. 118 inciso 1 ( corresponde al Presidente de la República: cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados y las leyes). ¿Dónde están los asesores del Presidente para evitar que el Jefe de Estado incurra en continuos errores? Finalmente, si bien la Presidenta del Congreso tuvo razones jurídicas para no asistir al Consejo de Estado, políticamente, se ha sepultado personalmente y arrastra a Fuerza Popular, ya que la percepción ciudadana es que los fujimoristas no quieren apoyar al gobierno y desean que PPK siga conteniendo más errores y están anteponiendo sus intereses políticos a los intereses nacionales. La factura política que pagaran los fujimoristas con toda seguridad la apreciaremos en las próximas encuestas de las próximas semanas. En resumen, la percepción jurídica es diferente a la percepción política y la percepción ética de los ciudadanos en un determinado tema como el que hoy hemos abordado. Salvo mejor parecer. 

¡NO A LA RELECCIÓN DE ALCALDES!

La bancada parlamentaria de Fuerza Popular presentó ante el Congreso tres proyectos que pretende reformar el artículo 194 de la Constitución ya reformado en marzo del 2015 por el anterior parlamento a través de la ley 30305 por el cual se prohíbe la reelección inmediata de las autoridades municipales lo que hasta hoy se mantiene en vigencia. Lo curioso es que los tres proponentes que encabezan estas propuestas son del partido fujimorista y no hay firmas de otros parlamentarios de otras fuerzas políticas. Estos son los argumentos para sustentar la reelección inmediata de los burgomaestres. El congresista Becerril sostiene que hoy los niveles de corrupción municipal se han reducido y el horizonte temporal de gobierno edil es muy corto. Agrega que en las elecciones del 2014 solo el 17% de alcaldes reeleccionistas en distritos fueron reelegidos y a nivel provincial no fueron reelegidos más del 10%. Indica finalmente que el corto periodo de gestión municipal debilita la institucionalidad de la sociedad peruana que requiere de estabilidad política.

El congresista fujimorista Elías precisa que la reelección es un mecanismo democrático por el cual el alcalde puede tener un plazo adicional para cumplir su plan de gobierno y obras propuestas, agregando que el proyecto de reforma constitucional pretende un grado de profesionalización en la gestión municipal y no tener autoridades novatas e inexpertas. Finalmente, el congresista fujimorista Segura, argumenta en su proyecto de reforma constitucional, que limitar la gestión a 4 años dejaría de lado el capital humano capacitado con experiencia en gestión municipal, cortándose la ejecución de obras y proyectos de inversión públicas, pero también señala que la reelección inmediata de alcaldes propiciaría la renovación de cuadros ediles. Analicemos brevemente los argumentos de los congresistas fujimoristas para saber si son consistentes y coherentes con la realidad. Becerril sostiene que la corrupción municipal se ha reducido y en su exposición de motivos no adjunta ningún estudio ni fuente informativa que sustente su proyecto. Lo correcto sería que acompañe datos oficiales de la Contraloria, Ministerio Público y Poder Judicial donde él pueda demostrar que hasta el año 2015 y primer semestre del 2016 se redujo notablemente el número de alcaldes procesados o sentenciados, lo que no ha hecho. 

Becerril agrega que el periodo de 4 años de los alcaldes debilita la institucionalidad de la sociedad peruana que requiere de estabilidad política. Becerril esta despistado, porque el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno municipal forman parte de la estructura del Estado a nivel nacional y no forma parte de la sociedad. La sociedad civil está en los colegios profesionales, gremios sindicales y empresariales, las ONGs, las iglesias, universidades, y no está en las municipalidades. Elías se equivoca en su propuesta cuando afirma que los alcaldes deben tener un plazo adicional para cumplir su plan de gobierno y que debería profesionalizarse la gestión municipal. Sucede que cuando son candidatos prometen un plan ambicioso de obras que quintuplica su presupuesto sin antes averiguar cuales los presupuestos históricos municipales y al final al no ejecutarse las obras prometidas, dejan una frustración a los vecinos que se sienten estafados en sus expectativas. Cuando Elías afirma que está en contra de nuevas autoridades novatas e inexpertas y pretende reelegir a los alcaldes, lo que hace es fomentar el caudillismo que es nefasto para los partidos y para la sociedad, porque detrás de los caudillos se forman camarillas que no quieren dejar el poder. 

Segura indica que mantener la prohibición de la reelección de alcaldes, es impedir aprovechar el capital humano y la experiencia de los alcaldes. Una buena gestión municipal no se basa solo en el alcalde y los regidores, sino especialmente en la capacitación y actualización de sus funcionarios y profesionales ya que solo ellos podrán asesorar al burgomaestre en gestión municipal. Personalmente, creo que el proyecto de los fujimoristas tiene un objetivo político. Ellos pretenden llegar al 2021 con una organización política a nivel nacional y para ello son indispensables contar con el apoyo de todos los alcaldes y su propuesta pretendería construir una telaraña municipal en cada distrito y provincia y eso es deleznable. La estructura del Estado, es decir las municipalidades y los alcaldes, no pueden ni deben estar al servicio de un partido político, sino al servicio de sus vecinos. Si los alcaldes incurren en corrupción no solo es por culpa del pueblo que los eligió en la confianza que les inspiro como candidato, sino fundamentalmente porque los partidos políticos y movimientos regionales no eligieron en elecciones internas al mejor militante con cualidades morales, ni tampoco los capacitaron oportunamente y casi siempre subastaron las candidaturas al mejor postor y de allí que algunos se ven envueltos en actos de corrupción, para poder recuperar la “inversión” que hicieron en su campaña electoral. Por esas y otras razones, no debe permitirse la reelección de los alcaldes, ni de los gobernadores, ni de los congresistas ni de los presidentes de la república como sucede en México.