LA IMPORTANCIA DEL PERIODISMO SOCIAL

Con frecuencia los medios de comunicación y la prensa priorizan las noticias de periodismo político, económico, policial, judicial,  farandulero y deportivo, pero con menor frecuencia e intensidad el periodismo cultural, tecnológico y el periodismo social. No hay una profunda investigación sobre el tema que confirme lo anterior, pero basta que cualquier ciudadano tenga en sus manos los diarios de circulación nacional y regional para revisar el contenido y comprobar que el periodismo social tiene muy poca cobertura en los medios de comunicación social y solo rebotan en las grandes cadenas nacionales e internacionales cuando hay varios heridos y muertos. ¿Qué entendemos por periodismo social? Alicia Cytrynblum sostiene que “el periodismo social no se conforma con el elemental cuidado de la información-pluralismo, independencia-rigor- propio de la tarea periodística, sino que suma su compromiso con los procesos sociales de su jurisdicción”.

Ryszard Kapuscinski afirma a su turno que el periodismo social es importante ya que el “papel del periodista en épocas de crisis es hablar de aquello que no se habla, subrayar lo que se margina, llamar la atención a la sociedad sobre aquellos aspectos de la sociedad que no tienen posibilidad de volverse temas estrella, de aquellos problemas que ni con el calzador se pueden meter en el estrecho marco de la reluciente televisión”. Ambos autores sostienen entonces que el periodismo social es una responsabilidad vital para la coexistencia de comunidades armoniosas y empoderadas en la toma de decisiones pertinentes que les permitan lograr el bien común al que aspiran todas las sociedades. Eso debe obligar a que los periodistas reorienten su rol y definir cuál es la función social de la prensa y no solo priorizar los temas políticos, económicos ni policiales que generalmente tienen gran cobertura. Es importante que los periodistas comprendan que en todo proceso hay tres actores centrales y otros colaterales.

En primer lugar, están los representantes del estado o de los gobiernos quienes aprueban normas jurídicas o políticas públicas supuestamente en favor de la sociedad. En segundo lugar, siempre estarán presentes los representantes del mercado económico, sea de empresas de bienes o servicios públicos o privados que siempre tienen sus intereses. En tercer lugar, estarán los representantes de los sectores sociales de diversas instituciones y organizaciones que representan a la sociedad civil que no tienen poder político ni económico, pero si el “poder de la calle o movilización”  que pueden jaquear decisiones políticas o económicas de los poderes públicos o poderes facticos. La prensa  por lo tanto siempre debe ser vigilante de la actuación de los representantes del estado, del mercado y no ignorar ni ningunear a los representantes de la sociedad civil cuando haya temas que afecten a los ciudadanos. Los periodistas sociales deben por tanto ser el vínculo que establezca puentes entre el poder y la sociedad.

Gabriel García Márquez planteó cinco propuestas para un nuevo orden social que no han perdido actualidad y que los periodistas deberían de tomar en cuenta: a) diagnosticar con la mayor exactitud los problemas que van a ser investigados, b) escuchar las voces de los beneficiados o afectados de una decisión del poder político o económico, c) analizar las experiencias exitosas y no exitosas de intervención pública de otros estados, d) supervisar las responsabilidades de los segmentos de la sociedad y cuestionar las omisiones, e) hacer el seguimiento de temas de reformas sociales. No hay duda que en nuestra sociedad hay desigualdad y exclusión, pero también discriminación por edad, raza, discapacidad, por remuneraciones, por religión, etc. Los periodistas tienen el deber ético y la responsabilidad social de no fomentar la marginación, exclusión y segregación en las coberturas de noticias a las minorías que generalmente soportan en silencio las consecuencias de las decisiones políticas, económicas o sociales.

Ante la desigualdad, la académica Cytrynblum propone lo siguiente: a) evitar la criminalización de la pobreza, b) incorporar en las coberturas de noticias a las minorías, c) evitar discriminar el uso de adjetivos étnicos en temas policiales, d) denunciar todo tipo de discriminación en coberturas informativas. En resumen, las exigencias del mundo globalizado obligan a los medios de comunicación a poner en práctica la especialidad del periodismo social y los temas sociales no deben ser marginados y deben ser puestos en debate en los medios para encontrar soluciones con la participación ciudadana y evitar los conflictos sociales. Los periodistas no deben ser voceros de políticos ni empresarios y los hombres de prensa deben estar comprometidos con la verdad, tratando de encontrar las causas de las demandas sociales y proponer soluciones a los problemas en su jurisdicción.

EL PECADO DEL CONTRALOR

No tengo duda que el Contralor debe ser la reserva moral del Estado frente a la corrupción y los actos ilícitos de quienes transgreden el ordenamiento jurídico del país desde el sector público o privado. Pero, creo también que la institucionalidad de la Contraloría, debe mantenerse y defenderse porque esta entidad pública es de acuerdo al artículo 82 de la Constitución, el órgano superior del sistema nacional de control que supervisa la legalidad de la ejecución de los presupuestos del estado, de la deuda pública y de todos los actos de las instituciones públicas sujetas a control. El Contralor Alarcón es indefendible y deberá defenderse de todas las acusaciones en su contra en todas las instancias, debiendo respetarse su derecho a la defensa y el debido proceso.  Sin embargo, estoy totalmente sorprendido por la cacería mediática de los voceros del gobierno nacional de PPK, pero también de la prensa concentrada que en los últimos dias le han hecho un bullying mediático al Contralor, salvo honrosas excepciones.

Hace dos años en una conferencia de prensa en Arequipa donde asistí, le pregunte al entonces Contralor Koury lo siguiente: Dr. Koury. Ud. Constantemente visita las provincias para dar a conocer a la prensa los resultados de las acciones de control a las municipalidades pequeñas, gobiernos regionales, universidades públicas y organismos descentralizados públicos, pero ¿Cuándo nos informa usted del control que ustedes deben hacer a los ministerios del poder ejecutivo, al poder legislativo, al poder judicial, a los organismos constitucionales autónomos del estado donde se efectúan contratos millonarios? ¿Cuándo usted hará control riguroso a los tiburones del estado y no siempre a los pejerreyes? ¿Cuándo la Contraloría se va empoderar ante la ciudadanía fiscalizando a los más poderosos y no simplemente a las pequeñas instituciones del estado? Koury respondió que tenían un plan anual de trabajo y que habían previsto fiscalizar también a los poderosos y salió por la tangente. ¿Alguien recuerda que en la gestión del ex contralor se denunció algún ministro de estado o algún tiburón de la política limeña?

Mi percepción hoy es que el Contralor dio ese paso. Es decir, enfrentarse a los tiburones del estado y fiscalizar la legalidad del leonino contrato del aeropuerto de Chinchero y esa oprobiosa adenda que es una traición a la patria donde quería obligarse  a que el gobierno asuma el 80% de inversión, mientras que el privado solo iba a poner el 20% e iba tener una concesión de 40 años. Ese es el “pecado” de Alarcón. Haberse enfrentado al poder político y económico y sus intereses usureros. Este caso también pone en evidencia ante el país, lo que casi siempre pasa desapercibido a la opinión pública. El interés público y el interés privado. Es legítimo y legal que el privado que invierte y arriesga sus capitales, tenga derecho a obtener ganancias y rentabilidad, pero sujeto siempre al marco regulatorio que regula una actividad económica y las utilidades razonables que espera alcanzar que no pueden ni deben ser leoninas ni usureras. Esto por la sencilla razón, que vivimos en un Estado Constitucional donde debe primar la economía social de mercado según el artículo 58 de la Constitución, de modo que no puede concebirse que los empresarios crean que el Estado no pueda fijar reglas ni sirva para nada.

Pero, lo más sorprendente es que quien debió defender el interés público de todos los peruanos, es decir el gobierno nacional, con este oprobioso contrato y adenda, hizo todo lo contrario. Priorizó los intereses privados antes que los intereses públicos al pretender asumir la mayor inversión, cuando las asociaciones público-privadas y sus financiamientos deben ser asumidos mayoritariamente por el sector privado. Para evitar la vergüenza pública de la censura política en el parlamento nacional, tuvo que renunciar el ministro de transportes, aduciendo que el gobierno había resuelto dejar sin efecto el contrato con la empresa privada para la construcción del aeropuerto de Chinchero. La percepción mayoritaria de la opinión pública es que los gobiernos no cautelan los intereses públicos  y por esa razón, pierden legitimidad y respaldo popular en las encuestas, generando frustración y desengaño no solo en la democracia, sino también en los electores que votaron por ellos.

Otra vergüenza es el comportamiento de cierto sector de la prensa limeña concentrada, salvo honrosas excepciones. Ellos quieren un contralor a su medida. Que no cuestione, que no fiscalice, que no obstruya, que no ejerza su rol y que no entorpezca “las inversiones en nombre del sacrosanto mercado”. Los ataques al Contralor parecen una venganza de parte de los lobistas del poder económico que se visten de “analistas y consultores independientes”. Si como parece ser, caerá en los próximos dias el Contralor, eso no hará resucitar al cuestionado contrato ni la adenda abusiva a favor de la empresa privada, porque la percepción de la mayoría de peruanos es que no tenemos un gobierno que defienda los intereses públicos. Salvo mejor parecer.