¿ES KEIKO UNA PRESA POLÍTICA?

En conferencia de prensa y pronunciamiento, Fuerza Popular “denunció ante la opinión pública nacional e internacional la intromisión política y gubernamental en contra de Keiko Fujimori, hoy convertida en presa política del régimen” luego que se frustró la audiencia de casación en la Corte Suprema ante la inhibición de un juez supremo. El primer ministro Salvador del Solar respondió que “no hay presos políticos en nuestro país y lo que tenemos es un proceso de lucha frontal contra la corrupción y contra la impunidad que son principales problemas y que como sociedad tenemos que revertir”. ¿A quién le creemos?  ¿A Fuerza Popular que sostiene que Keiko es presa política o al primer ministro del gobierno que refuta que en el país no hay presos políticos? Pero, ¿A quién se considera como preso o presa política?

Según la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo, un preso político se considera si reúne ciertos requisitos: a) su detención fue efectuada violando garantías fundamentales como libertad de pensamiento, conciencia, religión, libertad de expresión, libertad de información, libertad de reunión o asociación, b) la detención fue impuesta por razones puramente políticas sin conexión con ningún delito tipificado en el ordenamiento jurídico, c) por motivos políticos, el sujeto es detenido de manera discriminatoria en comparación con otras personas, d) por motivos políticos la duración de la detención o sus condiciones carcelarias son claramente desproporcionadas con respecto al delito del que se ha declarado culpable o se sospecha que fue cometido, e) la detención es el resultado de procedimientos que fueron claramente injustos y esto pudiese estar relacionado con los motivos políticos de las autoridades.

¿Quién decretó la detención preventiva? Fue el juez Concepción Carhuancho en octubre 2018 quien declaró fundado el pedido de prisión preventiva por 36 meses que solicitó el fiscal José Pérez por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado. ¿Cuáles fueron los argumentos del juez para mandar a prisión preventiva a Keiko? a) Por liderar una organización  criminal creada al interior de Fuerza Popular, b) por recepción y lavado de dinero de Odebrecht ya que hay alto grado de probabilidad que la empresa brasileña entregó un millón de dólares al partido Fuerza Popular el 2011 que ingresó a la campaña de Fujimori a través de falsos aportantes y actividades no justificadas, c) peligro de fuga debido a la voluntad de la lideresa de Fuerza Popular de influir en las investigaciones, d) riesgo de obstaculizar a la justicia en la actividad probatoria e interferencia en el sistema de justicia. Concretamente, el juez Concepción Carhuancho resolvió prisión preventiva contra Keiko por encontrar indicios del delito de lavados de activos que está tipificado en el Código Penal, por lo que no puede considerarse a la lideresa de Fuerza Popular como presa política.

Surgen varias preguntas de este caso. ¿Fue un juez del poder judicial quien decretó prisión preventiva contra Keiko o fue un ministro de gobierno quien ordenó su detención? ¿No es una ligereza de la bancada parlamentaria de Fuerza Popular emitir un pronunciamiento donde afirman que hay una intromisión gubernamental contra Keiko? ¿El pueblo eligió a los parlamentarios fujimoristas para defender a Keiko o los intereses nacionales, entre ellos contra los que tienen indicios de corrupción? ¿A los fujimoristas les interesa proteger a su lideresa antes que proteger la imagen del Estado Peruano ante el mundo? ¿Fue un congresista opositor a los fujimoristas quien sustentó la acusación ante el juez Concepción Carhuancho o fue un fiscal independiente del Ministerio Público quien argumentó las razones de hecho y de derecho por las cuales Keiko debía estar con prisión preventiva? ¿Cómo entonces Fuerza Popular en su pronunciamiento sostiene que hay intromisión política para mantener presa a Keiko?

Fuerza Popular no tiene brújula para salir de esta crisis, ya que sostienen que “las intromisiones del presidente de la República en la Fiscalía de la Nación nos hacen convencer que no estamos en un régimen democrático, sino en uno que apenas guarda apariencia de tal”. ¿Acaso no vemos todos los días en la TV, diarios y radios las declaraciones de los congresistas fujimoristas hablando con absoluta libertad? ¿No funcionan en forma autónoma e independiente el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo en el país? ¿No tenemos un Tribunal Constitucional que funciona con libertad y emite sentencias contra los poderes públicos que emiten normas que transgreden el orden constitucional? ¿Tendrá eco en el interior y exterior del país los argumentos de Fuerza Popular? ¿Pedirá Fuerza Popular un pronunciamiento de la Corte Interamericana o Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando Keiko señaló años atrás que debíamos salirnos de esos organismos internacionales? ¿Las organizaciones de derechos humanos del Perú y Amnistía Internacional confirmarán que Keiko es una presa política o precisarán que la lideresa fujimorista está detenida por mandato de un juez del poder judicial que evidencia que en el Perú se respeta el principio de separación de poderes y hay un Estado Constitucional de Derecho?