El Congreso Nacional de la
República nació como institución en la capilla antigua de la Universidad
Nacional de San Marcos el 20 de setiembre de 1822 y tenía 71 Diputados.
Hoy con la Constitución actual el 2019 cuenta con 130 legisladores.
Representa al soberano y refleja el pluralismo político y social de la Nación,
por lo que adquieren legalidad y legitimidad de origen quienes son elegidos. El
Congreso tuvo recesos, interrupciones y golpes institucionales, lo que motivó
que en ocasiones sesione fuera de Lima. Tuvo brillantes tribunos, juristas y
oradores que no hemos resaltado, pero también representantes repudiables e
impresentables que no hicieron honor a la denominación de “Padres de la Patria”
en la historia legislativa peruana.
Sin embargo, cada década que
pasa, el primer poder del estado pierde legitimidad y credibilidad como
institución tutelar de la patria ante la población. En el mes de abril 2019, el
Instituto de Estudios Peruanos informó que el 84% de ciudadanos desaprobaba la
gestión del Congreso, el 10% aprobaba la gestión del Congreso, en tanto que el
70% estaba de acuerdo con que el Presidente Vizcarra disolviera el Poder
Legislativo y 24% estaba en contra de la disolución.
En forma reciente, el 02 de
octubre la encuestadora CPI informó que el 89.5% aprobaba la disolución del
Congreso decretada por el Presidente Vizcarra, mientras que el 9.3% estaba en
contra. Esta misma encuesta dio cuenta que el 93.4% desaprobaba la gestión del
Congreso presidido por Pedro Olaechea, en tanto que solo un 5.1% la aprobaba.
El 06 de octubre el Instituto de Estudios Peruanos, reveló que el 84% de
peruanos respaldaba la disolución del Congreso, mientras que un 8% estaba en
desacuerdo con esa medida. Asimismo, un 75% de peruanos estaba de acuerdo con
Vizcarra con la convocatoria a elecciones parlamentarias el año 2020 y un 11%
estaba en contra.
¿Qué factores han llevado a
que el Congreso Nacional pierda legitimidad institucional?
El Congreso ha perdido
legitimidad por múltiples razones que enumeraremos brevemente: 1.- La mala
selección interna de los partidos políticos y sus candidatos al Congreso ya que
no efectúan elecciones internas la mayoría de ellos y eligen a sus candidatos
en “Congresos digitados”. Las cúpulas de los partidos prefieren el dinero de
los “independientes” para financiar la campaña electoral antes que a sus
legítimos militantes ya que los “invitados” no tienen convicción ideológica ni
compromiso programático y no respetan las promesas electorales. 2.- El abuso de
la inmunidad parlamentaria ya que algunos legisladores acusan e injurian
gratuitamente amparados en su inmunidad constitucional lo que constituye un
escudo político que hace casi imposible una acusación penal por los excesos
parlamentarios. Lo hemos comprobado últimamente cuando el fuji-aprismo impidió
que varios legisladores rindan cuentas a la justicia y blindando a un ex fiscal
de la nación y un ex magistrado supremo, lo que atenta contra la política
anticorrupción. 3.- La ausencia en la Carta Magna de mecanismos constitucionales
que permitan la renovación por tercios, la revocación parlamentaria o la
renuncia de los congresistas por mala conducta política y ética. A excepción de
la disolución del Congreso estipulado en el artículo 134 de la Constitución,
los legisladores son “vacas sagradas” e intocables, ya que se puede revocar a
alcaldes y gobernadores regionales, pero no a los legisladores lo que no puede
continuar.
4.- La falta de ética de los
legisladores ya que algunos de ellos transgreden su propio código de ética y no
pasa nada, porque las mayorías y sus aliados, los protegen sin pudor ni
vergüenza. Desde el 2016 al 2019, ante la Comisión de Ética, se
registraron 89 denuncias, pero solo hubo 10 sanciones, en su mayoría contra
Fuerza Popular. Las sanciones fueron contra Maritza García por información
falsa, Carlos Bruce aprovechamiento del cargo, Yesenia Ponce por información
falsa, Moisés Mamani por acoso sexual, Luis López por acoso sexual, Jhony
Lescano por acoso sexual, María Foronda por contratación de sentenciada por
terrorismo, Yesenia Ponce por tráfico de influencias, Daniel Salaverry por
información falsa y Roberto Vieira por pedir dinero para favorecer a empresa.
5.- La ausencia de fiscalización
de la Contraloría al Congreso que ha permitido el abuso de los grupos políticos
en el Parlamento, ya que gastan como quieren sin que el organismo contralor del
presupuesto de la república pueda auditar sus cuentas, ya que afirman que
atentarían contra la “autonomía constitucional” del primer poder del estado. 6.-
El abuso de la autonomía política. El caso más evidente se dio el año 2013
cuando el Congreso eligió a Rolando Souza, Cayo Galindo y Víctor Mayorga como
magistrados del Tribunal Constitucional. Los nacionalistas y fujimoristas
hicieron una “repartija” como si el Tribunal Constitucional fuera un botín
político que solo la presión de la opinión pública y mediática, hizo retroceder
y derogar la resolución legislativa. Lo acabamos de comprobar en forma reciente
cuando al caballazo, los fuji-apristas sin transparencia, sin publicidad del
proceso y sin participación ciudadana, “seleccionaron en 30 minutos” a 11
candidatos al Tribunal Constitucional con la finalidad que ese organismo falle
a favor de Alberto y Keiko Fujimori en los procesos de habeas corpus presentados.
7.- Imponen leyes sin el mínimo
respaldo social. La ley “pulpín” fue la demostración del abuso parlamentario
que finalmente la presión de las movilizaciones juveniles hizo retroceder al
Gobierno y al Congreso de mayoría humalista por imponer una ley que restringía
derechos laborales, que finalmente fue derogada por la movilización de la
población. 8.- El abuso de la autonomía administrativa. El fujimorismo con la
presidenta del legislativo, Luz Salgado, en agosto del 2016, comenzó con 3,145
trabajadores y en agosto 2016 culminó su gestión con 3,568 trabajadores. Luis
Gallareta de Fuerza Popular como presidente comenzó en agosto 2017 con 3,662
trabajadores y culminó en agosto del 2018 con 3,899 trabajadores. Daniel
Salaverry del fujimorismo comenzó con 3,899 trabajadores y culminó con 3,920
trabajadores. Es decir, el parlamento es una “bolsa de trabajo” para los
partidos políticos con sueldos abusivos lo que no puede continuar.
9.- El excesivo transfuguismo. El
periodo parlamentario 1995-2000 se inició con 9 bancadas parlamentarias que
luego creció a 12 bancadas y finalmente al concluir el quinquenio parlamentario
se redujo a 8. En el periodo parlamentario 2011-2016, la bancada nacionalista
se inició con 42 legisladores, pero termino con 22 integrantes al haber
renunciado 20 legisladores. El reciente Congreso comenzó el 2016 con seis
bloques parlamentarios que se duplicó a 12 bancadas el 2019. Es decir, no
hay convicción política, ideológica ni programática en la mayoría de
legisladores y se cambian de camiseta política como si se cambiaran de
calcetines.
¿Qué reformas se imponen ante
estas situaciones?
Son urgentes e impostergables
algunas reformas constitucionales, legislativas y administrativas para
recuperar la legitimidad y credibilidad del primer poder del Estado. Una breve
revisión de la Constitución comparada de América Latina, nos permite sugerir a
futuro algunas modificaciones constitucionales a nuestra Carta Magna para que
el Congreso se reencuentre con el pueblo y recupere su legitimidad. Resumiendo,
estas son algunas propuestas que podría incorporarse en nuestra Carta
Fundamental y que fueron incorporados en Constituciones de Estados
Latinoamericanos.
(Art. 134). Ecuador. - “Las
organizaciones sociales de carácter nacional tienen derecho a la iniciativa
legislativa”. Nuestra Constitución solo permite presentar iniciativas al
presidente de la república, a los legisladores, las instituciones públicas
autónomas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y los colegios
profesionales. Los movimientos sociales son convidados de piedra en la
democracia peruana, lo que no puede continuar.
(Art. 146). Panamá. - “Los
partidos políticos podrán revocar el mandato de los Diputados si violan sus
estatutos, plataforma política o programática”. En el Perú, salvo el artículo
134 de la Constitución que permite que el Jefe de Estado disuelva el Congreso,
no hay otra forma de revocar el mandato legislativo, por lo que urge una
reforma constitucional que permita a la mitad del mandato congresal,
implementar el referendo revocatorio para que el pueblo en las ánforas, defina
quienes se quedan y quienes deben irse por incapacidad e inmoralidad o delitos
de función.
(Art. 197). Uruguay. - “Bastará
la mayoría de votos de los legisladores para admitir la renuncia voluntaria de
sus cargos”. En el Perú el cargo de congresista es irrenunciable, lo que es un
contrasentido democrático, porque en libertad los ciudadanos se presentan a
elecciones y salen elegidos parlamentarios. Con esa misma libertad, se debe
permitir que los legisladores renuncien, lo que la actual carta magna no lo
permite hoy. (Art. 134). Brasil.- “Perderá el mandato el Diputado o Senador que
no asista a tres sesiones legislativas del pleno del Congreso”. En el Congreso
es habitual que los legisladores no asistan a las comisiones ni al pleno del
parlamento. Se ha observado que cuando hay plenos parlamentarios, en ocasiones
se aprecia curules vacías lo que evidencia el desinterés de parlamentarios, lo
que no puede continuar.
(Art. 50). Bolivia. “Los legisladores
no gozarán de inmunidad parlamentaria”. La inmunidad se ha convertido en un
blindaje, escudo y paraguas donde legisladores con la complicidad de bloques
parlamentarios, impiden que sean procesados y sancionados los padres de la
patria, por lo que la inmunidad debe revisarse y reformarse en la Carta Magna.
Como se puede apreciar, es posible modificar algunos artículos de la
Constitución si hay voluntad de los nuevos partidos políticos en perfeccionar
el trabajo de la institución parlamentaria.
¿Cuántas modificaciones
constitucionales ha efectuado el Parlamento a nuestra Constitución?
Nuestra actual Constitución
Política tiene 26 años de vigencia y al año 2015 se efectuaron 26 reformas
constitucionales de los 206 artículos que tiene nuestra Carta Magna. Las
modificaciones con leyes de reforma constitucional fueron a los siguientes
artículos: Art. 31, 34, 74, 77, 80, 81, 87, 90, 91, 96, 101, 103, 107, 112,
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 y 200. La primera
ley de reforma constitucional que aprobó el Congreso Nacional fue la ley 26470
del 12 de junio de 1995 que modificó la acción de amparo y habeas data.
Como se puede observar, ya se han
dado varias reformas constitucionales desde la década noventa del siglo XX
hasta hoy. Para que se apruebe una reforma constitucional según el artículo 206
de nuestra Carta Magna “es necesaria que sea aprobada por el Congreso con la
mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante
referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se
obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con votación favorable, en
cada caso, superior a los dos tercios del número legal de Congresistas”. ¿Habrá
voluntad política de los grupos políticos que se presentaran para las elecciones
legislativas 2020 para proponer reformas constitucionales para fortalecer y
transparentar el Congreso Nacional?
La opinión de los
representantes de la sociedad civil de Arequipa.
Dialogamos con representantes de
la sociedad civil de Arequipa que nos dieron su opinión sobre modificaciones a
la Constitución para mejorar el trabajo del Congreso y los legisladores.
Gerónimo López Sevillano. - (Secretario General de la Confederación General de
Trabajadores del Perú). - “Los legisladores deben someterse al referendo
revocatorio como sucede en Venezuela y no deben ser reelegidos como sucede en
México para renovar los cuadros políticos del país. No estoy de acuerdo con la
renuncia voluntaria de los congresistas”. Dr. Alfredo Álvarez Díaz. - (Ex
Decano del Colegio de Abogados de Arequipa). - “Estoy de acuerdo con la
renuncia voluntaria de los congresistas como sucede en Uruguay y también con la
renovación del mandato legislativo de los congresistas a la mitad de gestión
parlamentaria como está establecido en Argentina. No estoy de acuerdo con que a
los legisladores se les quite su inmunidad parlamentaria como acontece en
Bolivia ya que significaría desprotegerlo jurídicamente ante los poderes
públicos y los poderes fácticos”.
Dr. Alberto Indacochea Mostajo. -
(Ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San
Agustín). - “Considero que todos los congresistas deberían someterse al
referendo revocatorio como sucede en Venezuela para sancionar políticamente a
los malos legisladores y debería modificarse la Constitución admitiendo la
renuncia voluntaria de sus cargos como sucede en Uruguay. No estoy de acuerdo
con que lo legisladores pierdan su inmunidad parlamentaria porque sería
desamparada jurídicamente”.
La legitimidad como fuente de
poder y soberanía.
Se entiende como legitimidad de
origen, cuando los congresistas elegidos por el pueblo obtienen el respaldo en
las ánforas electorales y luego son proclamados oficialmente por el Jurado
Nacional de Elecciones. Pero, la legitimidad de ejercicio, es cuando las
autoridades elegidas no hacen buen uso de las competencias asignadas e incurren
en omisión o abuso de función. Kriele afirmaba que “La soberanía del Estado
depende de su legitimidad y la legitimidad se fundamenta en su soberanía”. En
tanto que López Hernández, afirmaba que “La soberanía y la legitimidad son
propiedades esenciales del poder político estatal”. ¿Qué nos dicen en resumen
estas frases? En palabras sencillas, indican que se puede perder legitimidad
(reconocimiento social o político) cuando hay abuso de autoridad, actos de
corrupción, de incompetencia o al ponerse al servicio de intereses
particulares, políticos o económicos.
Por lo tanto, habrá legitimidad
de nuestro Congreso y de sus inquilinos cuando el pueblo los reconozca como tales
y les agradezca por sus servicios prestados a la Nación. ¿Podríamos afirmar que
todos o la mayoría de peruanos se sienten agradecidos al Parlamento Nacional?
¿Hay la percepción que ellos legislan, fiscalizan, sancionan, nombran y
ratifican a los altos funcionarios de la república en función a los intereses
nacionales? ¿Cuáles deberían ser las modificaciones urgentes respecto al
Congreso Nacional? ¿Presentaran los partidos y candidatos en la campaña
electoral 2020 algunas reformas constitucionales al primer poder del estado?
¿La sociedad civil y sus representantes no deberían impulsar estas reformas?
Finalmente, el ex presidente de Estados Unidos, Harry Truman, expresó una frase
que tiene que ver con la actuación de los políticos en relación con el Estado y
la Sociedad. “Ningún gobierno es perfecto. Pero una de las virtudes de la
democracia es que sus defectos son siempre visibles y en las elecciones pueden
señalarse y corregirse esos defectos si hay decisión de hacerlo”.
En resumen, el parlamento se auto
reforma, o continuará con su desprestigio ante el soberano.
