¿FISCALIZAN LOS CONSEJEROS REGIONALES?

Hugo Amanque Chaiña                                                                 Periodista y Abogado

En el mes de abril 2018, el Poder Judicial dio a conocer que en el país había 27,020 funcionarios públicos procesados por diversos delitos de corrupción, siendo 6,173 en Lima y 20,289 en el territorio nacional, mientras que el Ministerio Publico dio cuenta que al año 2017, de los 25 gobiernos regionales, 14 gobernadores estaban en calidad de procesados e investigados y algunos de ellos habían sido sentenciados habiendo apelado resoluciones de la primera instancia judicial. El año 2014, el Consorcio de Investigación Economía y Social (CIES), publicó el informe denominado “Acciones e Iniciativas Anticorrupción en Espacios Regionales del Perú” donde precisó que ese año hubo 19 presidentes regionales procesados, habiendo efectuado un diagnostico de la corrupción regional dando recomendaciones generales para reducir la corrupción. 

De los datos estadísticos del CIES, el 50% de los delitos penales eran por peculado, 20% por colusión y 15% por malversación de fondos. Ese informe dio cuenta que las tres principales modalidades de corrupción regional se daba en primer lugar en las grandes licitaciones de obras públicas a través de direccionamiento de perfiles de obra y cobro de cupos para ganar licitaciones. La segunda modalidad era por compras y adquisiciones que se realizaban por acuerdo entre funcionarios y proveedores para direccionar compras a cambio de pagos de cupos, mientras que la tercera modalidad era en los trámites para implementar empresas y negocios a través de cobros indebidos para acelerar trámites de licencias y permisos. Una primera conclusión de la corrupción regional en el país en la última década, es que los organismos de control no actuaron oportunamente. Entre ellos, las Oficinas de Control Institucional, la Contraloria General de la República y los Consejos Regionales, pero también el Congreso Nacional en su ejercicio de fiscalización. 

La ley orgánica de gobiernos regionales 27867 en su artículo 13, señala que el consejo regional es el órgano normativo y fiscalizador del gobierno regional. Si hiciéramos una encuesta en Arequipa, con seguridad el organismo de fiscalización regional estaría desaprobado, los ciudadanos no recordarían quiénes son sus consejeros por cada provincia y pasarían desapercibidos para la opinión pública, ya que su función de control político, salvo dos o tres consejeros, la mayoría está alineada políticamente a la gobernadora regional, por lo que el consejo regional no ha logrado posicionarse ni se ha empoderado ante la opinión pública en esta gestión ni en las anteriores gestiones regionales. Es decir, se han autocastrado en su función de fiscalización hacia el poder ejecutivo tal vez por intereses políticos o por temor, no justificándose el pago de dietas salvo honrosas excepciones. No han tenido el coraje y la agallas para exigir a la gobernadora regional que un porcentaje del presupuesto total anual, se derive al órgano legislativo bajo responsabilidad de su titular para cumplir adecuadamente su función de control político, para contar con profesionales, técnicos y vehículos y ejercer un control minucioso a las obras publicas en el ámbito regional.

La ley de transparencia obliga a los gobiernos regionales a difundir información periódica sobre la gestión regional y en el portal institucional de Arequipa, aparece excesivamente todos los días información y fotos de la gobernadora, ignorándose a los gerentes regionales, pero casi no hay nada de la agenda legislativa semanal del consejo regional ni de sus comisiones, ni de los consejeros, mientras que los acuerdos y ordenanzas regionales se publican extemporáneamente, por lo que no es posible hacer un seguimiento cívico ni periodístico al organismo de fiscalización regional. Sería oportuno que el consejo regional informe semestralmente a la opinión pública en audiencia pública y a la prensa sobre su gestión normativa y de fiscalización hacia la gobernadora regional lo que no se efectúa hoy por razones que se desconocen. 

 Sería bueno que el presidente del consejo regional informe cuantas de las ordenanzas regionales que ellos aprobaron desde el año 2015 se cumple a plenitud o simplemente son un saludo a la bandera. Un seguimiento estricto a sus ordenanzas y acuerdos, así como su implementación por parte del ejecutivo regional, podría dar lugar al establecimiento de responsabilidades u omisiones por parte de los funcionarios regionales, para luego aplicar sanciones, de lo contrario el consejo regional será un adorno en el organigrama regional. Sería oportuno que el consejo regional informe a la ciudadanía cuantas iniciativas regionales en materias de su competencia han propuesto ante el Congreso Nacional, pero también cuantas propuestas de creación, modificación o supresión de tributos o exoneraciones regionales han aprobado en los últimos y lo han derivado al parlamento nacional porque esa es su función. Justifiquen sus dietas señores y señoras consejeras de Arequipa.

 

                                                                                                                                     (12 de mayo del 2018)