UNA DECEPCIÓN MÁS

      UNA DECEPCIÓN MÁS

                                                                  17/07/2015 

El conflicto Tía Maria tiene múltiples lecturas. Uno: Cuando el país esperaba una decisión de Estado para recuperar la paz social, el inquilino de palacio de gobierno se lavo las manos como Pilatos. Ni una sola autocritica desde que fue candidato el 2011 y en Tambo prometió que las decisiones del pueblo eran vinculantes so pena de pedir la vacancia del Presidente. Hoy les echa la culpa a todos y ha manifestado que no es conveniente ir a Islay. ¿Cuántos muertos tiene que haber Sr. Humala para recuperar la paz y tranquilidad del país? El mandatario nacional señaló en el mensaje a la nación, que suspender el proyecto minero tendría efectos jurídicos y económicos nefastos para el Perú. ¿No recuerda Humala que Toledo retrocedió ante Arequipa y dio marcha atrás en su propósito de privatizar EGASA por Tractebel? ¿Fue declarado el país  paria internacional por esa decisión de estado que adoptó Toledo? ¿No recuerda Humala que el Congreso derogó los decretos legislativos que aprobó el gobierno de Garcia para concesionar la Selva y que originó el Baguazo que nos dejo más de treinta muertos? ¿Esa decisión de estado soberano no recuperó  la gobernabilidad y paz social en el país?  Hoy comprobamos una decepción más de un presidente que prefiere apoyar a una empresa antes que proteger la vida de sus compatriotas.

Dos: Otra vergüenza es que los ministros  están actuando como si fueran relacionistas públicos de la empresa minera. En vez de actuar como árbitros  e  imparciales ante el pueblo para recuperar su confianza, el país ha observado la abierta parcialidad a favor de la minera. Esa empresa debió utilizar múltiples estrategias y tácticas para tratar de convencer a los mollendinos que su proyecto no acabará con la agricultura. Especialmente el Ministro del Ambiente que ha señalado que el EIA es optimo y que no tiene objeciones técnicas. La defensa del EIA del proyecto minero no es competencia de un ministro, sino tarea de la empresa minera, ya que el ministro representa al estado y no a una empresa particular. Menos aún sostener que las inversiones son indispensables para el desarrollo del país. ¿Qué pasa si el país se convierte en un polvorín por algunas inversiones? ¿Tiene sentido convertir el país en un cementerio en nombre de las inversiones? ¿No se supone que un Estado Constitucional de Derecho según nuestra Constitución el principio de la dignidad de la persona, la paz social, el fomento de la agricultura  y la protección del medio ambiente es  prioritario antes que la inversión económica?

Tres: El Congreso no actuó oportunamente en su función de control político en este conflicto. Si los mollendinos cuestionan el EIA y sostienen que ese documento tiene inconsistencias técnicas, la comisión de agricultura o de pueblos amazónicos debió convocar en Islay o en Arequipa en una audiencia pública al ministro del ambiente, a la empresa minera, a los representantes del frente de defensa de tambo y los especialistas independientes de universidades y colegios profesionales para escucharlos y el país conozca donde está la verdad y donde está la falacia. No tiene sentido solo escuchar a los ministros en el Congreso, cuando estos han tenido un comportamiento parcializado. Aún pueden hacer esta tarea esas comisiones del Congreso si acaso quieren recuperar su credibilidad institucional ante el soberano. Cuarto: Los representantes del Frente de Defensa del Valle de Tambo no pueden ni deben actuar de forma intolerante. Si ellos tienen la seguridad que el EIA es inconsistente, entonces mediante sus representantes técnicos deben demostrarlo y no abandonar la mesa de diálogo sin precisar documentadamente cuáles son sus reparos.

Podrían interponer recurso de reconsideración ante el ministerio del ambiente y si no les dan la razón, podrían ir al fuero judicial e incluso ante el Tribunal Constitucional con la respectiva fundamentación jurídica. Acusar sin pruebas no solo refleja irresponsabilidad, sino también intolerancia en un sistema democrático. Quinto: La empresa minera lamentablemente no tiene buenos antecedentes en las últimas décadas. Sin embargo, en los hechos ha suspendido  su proyecto. Uno de los puntos débiles de esa empresa es que no tiene un buen interlocutor que genere confianza y respeto. Sexto: Hay que rechazar todo tipo de violencia venga de donde venga. De la policía y de los anti mineros. Finalmente, así como se ha procesado al presunto corrupto que habría pedido “lentejas” para acabar con la paralización, también debería ser procesado el presunto corruptor y sus representantes. Espero que la fiscalía actué sin ningún tipo de presiones para que este caso sea un precedente en el país y acabar con la corrupción.