LOS INTERESES DIFUSOS Y TIA MARIA

                       LOS  INTERESES  DIFUSOS Y TIA  MARIA

                                                                      28/05/2015

Los dirigentes del Frente de Defensa del Valle de Tambo y los Alcaldes de Islay han manifestado en reiteradas ocasiones desde el 2009 que el Proyecto Tía Maria pone en riesgo la agricultura, el medio ambiente, la biodiversidad, la flora y la fauna y los recursos hídricos de la zona si se ponía en ejecución el proyecto minero de la Shouthern. En vez de encausar sus demandas en la vía administrativa y jurisdiccional que les faculta la Constitución y la legislación vigente e impedir que se concrete el proyecto minero, han preferido iniciar la lucha política y social de imprevisibles consecuencias que hasta hoy  ha costado la vida de varios policías y particulares. Los mollendinos pudieron haber interpuesto varias demandas  con buena fundamentación de hecho y derecho para que la justicia y administración pública oportunamente frene al proyecto minero que cuestionan, pero no lo han hecho por razones que desconocemos. Entre otras acciones, debieron invocar los intereses difusos o derechos difusos (ID) en forma personal o colectiva.

 El artículo 82 del Codigo Procesal Civil  señala que “Interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de personas respecto de bienes de inestimable valor patrimonial como el medio ambiente, patrimonio cultural o del consumidor. Pueden promover o intervenir en este proceso el Ministerio Publico, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y las Comunidades Campesinas en cuya jurisdicción se produjo el daño ambiental y las asociaciones sin fines de lucro”. ¿Concurrieron los dirigentes del Valle de Tambo ante el Ministerio Público para consultarles este tema? ¿La Abogada y Gobernadora Regional tiene asesores que le pudieron aconsejar esta vía y salir en defensa de la Provincia de Islay? ¿Los Alcaldes de Islay acaso no cuentan con asesores jurídicos? ¿No hay instituciones ni asociaciones en Islay desde el 2009 que pudieron invocar los intereses difusos en defensa de su jurisdicción? Es más, el Codigo Procesal Constitucional tiene dos artículo que hubieran servido de fundamentación jurídica.

 
El art. 37 señala que entre los derechos protegidos menciona el inciso 23  por el cual “las personas tienen el derecho de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida”. Pero,  el artículo 40 es más preciso aún y señala el conducto a seguir: “Puede interponer demanda de amparo cualquier persona cuando se trata de amenaza o violación del derecho al medio ambiente u otros derechos difusos que gocen de reconocimiento constitucional”. Los mollendinos debieron invocar también como fundamentación jurídica el artículo 2 inciso 22 de la Constitución  que “reconoce el derecho fundamental de toda persona de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida”. Asimismo, en forma complementaria, mencionar el artículo 1 de la Carta Magna que precisa que “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, pero también el artículo 44 que afirma que “son deberes primordiales del Estado defender y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos”.

Finalmente. El Tribunal Constitucional ha emitido múltiples sentencias relacionados al interés difuso y la protección al medio ambiente. En el expediente 1757-2007-PA/TC el Tribunal declaró fundada la demanda de amparo que interpuso el Comité de Defensa Ecológica del Parque Ramón Castilla del Distrito de Lince contra la Municipalidad de esa jurisdicción que pretendía remodelar dicho centro de recreación. El fundamento jurídico más importante del TC fue que la pretensión de remodelar el parque “vulneraba el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida”. Asimismo, en el expediente 0084-2004-PI/TC el Tribunal Constitucional afirmó que “los ciudadanos tienen el derecho a la preservación del medio ambiente sano y equilibrado lo que entraña obligaciones ineludibles para los poderes públicos de mantener los bienes ambientales en condiciones adecuadas para su disfrute y tal obligación alcanza a particulares y con mayor razón a aquellos cuyas actividades económicas incidan directa o indirectamente en el medio ambiente”. ¿Reaccionarán los dirigentes del Valle de Tambo? ¿Actuará la Gobernadora de Arequipa? ¿Intervendrán los Alcaldes de Islay?