LOS PRIVILEGIADOS Y LOS EXCLUIDOS

La ministra Gloria Montenegro, declaró a la prensa que la propuesta del ministro del interior de eliminar la protección policial a los congresistas, sería debatida en el Consejo de Ministros, ya que la idea es que las autoridades debían tener menos privilegios. El anunció del ministro del interior es inconstitucional e ilegal, lo que confirma que el gobierno de Vizcarra busca el aplauso fácil del populorum a costa de un Congreso desprestigiado. Siguen creyendo que el Congreso es una piñata al cual hay que recurrir cuando el gobierno tiene problemas irresueltos. Vizcarra y sus ministros hacen populismo y sus decisiones no se encuadran en las políticas de estado que deberían priorizar.

Hoy me voy a referir concretamente a los privilegios de altos funcionarios de estado y sus altísimas remuneraciones que no debaten las cabezas de los poderes del estado, ni la prensa mediatizada limeña que no cuestiona estos abusos en nombre del interés público. En un país que tiene 20.5% de pobreza y 2.8% de extrema pobreza según el INEI, es indigno que haya una casta dorada que tiene sueldos abusivos. Repudiable es que el Presidente del Poder Judicial gane 46,717 soles y los jueces supremos 42,717 soles mensuales, cuando miles de pensionistas estatales perciben entre 300 a 600 soles mensuales de sobrevivencia en las últimas décadas de su vida.

Vergonzoso es que los ministros de estado, ganen 30 mil soles mensuales y los viceministros ganen 28 mil soles mensuales, cuando miles de profesionales y técnicos estatales perciben remuneraciones básicas congeladas hace tres décadas que oscilan entre 900 a 1,500 soles mensuales. Repugnante es que los congresistas perciban alrededor de 30 mil soles en bruto, al margen de los seguros de salud privados, seguro de vida, seguros contra accidentes, celulares, movilidad, CTS, cuando hay millones de trabajadores que ganan menos que el sueldo mínimo vital.

Inmoral es que los jefes de los organismos constitucionales autónomos, abusando de su autonomía constitucional, tengan remuneraciones altísimas, como el Presidente del BCR con 41,637 soles, el Superintendente de la SBS con 38,500 soles, el Contralor con 32,500 soles, la Fiscal de la Nación con 28,700 soles, los magistrados constitucionales con 35,017 soles, etc. Estos sueldos son abusivos, cuando en el país hay millones de desempleados y subempleados cuyos ingresos ni siquiera llegan al sueldo mínimo vital.  Grosero es que los gobernadores regionales y alcaldes ganen entre S/ 14 mil a S/ 12 mil soles mensuales, cuando decenas de miles de jóvenes y señoritas con su cartón bajo el brazo, no pueden encontrar trabajo por la incapacidad de los gobernantes en no fomentar políticas públicas que generen empleo.

Los poderes públicos del estado peruano, son desaprobados en todas las encuestas, no sólo porque como instituciones no son céleres, ni resuelven los problemas que agobian a sus ciudadanos, sino, porque tienen privilegios indebidos que son insulto a la pobreza. Los poderes públicos y organismos constitucionales, así como los gobiernos regionales y municipales, al amparo de su atribución constitucional de iniciativa legislativa, si quisieran reconciliarse con el pueblo, deberían presentar proyectos de auto reforma constitucional para disminuir sus privilegios y el soberano recupere confianza y legitimidad. Si las cúpulas de los poderes públicos no toman esa decisión, seguirán siendo desaprobados por la opinión pública.

A futuro se corre el riesgo que el pueblo apoye a radicales de izquierda o derecha que lleguen a la presidencia y deroguen esas normas abusivas ya que hoy los poderes públicos, no son percibidos hoy como austeros ni transparentes. No se trata sólo de reducir el resguardo policial a los congresistas que el gobierno de Vizcarra considera un privilegio, sino, de reducir drásticamente todos los otros privilegios que tiene los altos funcionarios de la república. El país podría recuperar la credibilidad en los altos funcionarios de estado, si acaso ellos propusieran reducirse sus abusivas remuneraciones a la mitad de lo que hoy perciben. Sería un gesto de decencia pública y desprendimiento que el soberano podría reconocer como contribución a la patria, cuyos ciudadanos en su mayoría, sobreviven con sueldos bajos y congelados.

Urge, por tanto, proyectos de ley que reordene los sueldos de la burocracia dorada, ya que hay una casta que se consideran una isla, cuando el Perú es un Estado.  El artículo 01 de la Constitución, señala que “la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado”, mientras que el artículo 39 de la función pública, afirma que “todos los funcionarios y trabajadores públicos, están al servicio de la Nación”. Ad portas del bicentenario del Perú, no podemos continuar como un país de privilegiados que genere mayor desigualdad social. La Premio Nobel Rigoberta Menchu, nos dejó una reflexión sobre este tema: “La paz no es solamente ausencia de guerra, mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz”.