EL ACUERDO POR LA GOBERNABILIDAD

El 19 de febrero sólo cuatro de los nueve partidos políticos del nuevo Congreso, suscribieron el Acuerdo por la Gobernabilidad que fue saludado por el presidente Vizcarra al día siguiente. Manuel Merino, candidato a la presidencia del Congreso, afirmó que buscan recuperar la credibilidad y posicionamiento del parlamento como pilar del Estado ante la sociedad, impulsando las reformas necesarias para el bienestar del país. Los partidos políticos que han suscrito el acuerdo son, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Podemos Perú, mientras que FREPAP, Partido Morado, Fuerza Popular, Unión por el Perú y Frente Amplio, no han suscrito el acuerdo por la gobernabilidad, ni han expresado grupalmente porqué razones no lo han suscrito. El acuerdo es un mal inicio del nuevo parlamento que esta fraccionado en nueve bancadas parlamentarias. Este acuerdo, debería llamarse desacuerdo, ya que evidencia que los partidos siguen anteponiendo sus interés políticos e ideológicos, antes que el interés nacional.

A los partidos suscriptores del acuerdo, les interesa copar la nueva mesa directiva del parlamento, antes que definir una agenda parlamentaria concertada que debería ser de conocimiento público, ya que los temas que ventilarán a futuro, incidirán en la esfera pública y privada de los peruanos y no solo de los congresistas. Dicha agenda legislativa, luego del consenso de los nueve grupos parlamentarios, debería ser consultada al país para recibir su opinión y consolidar su legitimidad emanada de la voluntad popular del 26 de enero. Los partidos que han suscrito el acuerdo, son del centro y la derecha política del país, lo que evidencia que pretenderían mantener el modelo económico liberal impuesto por el fujimorismo que ha sido derrotado en las ánforas y requiere modificaciones urgentes. Excluir a cinco partidos de centro y la izquierda política del acuerdo por la gobernabilidad, a excepción de Fuerza Popular, confirma que no hay voluntad de concertación y unidad pensando en el soberano.

Es un mal síntoma del inicio de este parlamento transitorio y cometen el mismo error de la mayoría fuji-aprista del anterior congreso, que consideraba al primer poder del estado su fortín para enfrentarse al poder ejecutivo, al poder mediático y la sociedad peruana que les enrostraba su abuso y consigna política para aprobar o encarpetar leyes. La agenda legislativa no puede definirse solo entre las nueve bancadas parlamentarias, ya que los partidos políticos son sólo una parte del Estado, sino que debería priorizarse en base a las 32 políticas de estado ya definidas en el Acuerdo Nacional suscrito el 2001 donde todos los peruanos estamos representados en diversas instituciones. Si las nueve bancadas parlamentarias concertasen una agenda legislativa pensando en el país, el escenario para suscribirlo, debería ser el Acuerdo Nacional donde están representados los poderes públicos, las iglesias, los gremios empresariales y laborales, los colegios profesionales y los partidos políticos.

Si el actual Congreso consensuarán ese acuerdo por el bicentenario 2021, evidenciaría un buen gesto de respeto a ese foro de concertación que es el Acuerdo Nacional, pero también ante el país lo que no ha sucedido aún. Eso no significa que las nueve bancadas parlamentarias renuncien a su autonomía constitucional de legislar, fiscalizar y representar al pueblo que les reconoce la carta magna, respecto a otros poderes públicos y organismos constitucionales autónomos. A los nuevos inquilinos del palacio legislativo hay que recordarles que vivimos en un estado constitucional de derecho y que el Estado es uno e indivisible y se organiza según el principio de separación y colaboración de poderes públicos que reconoce la carta magna en el artículo 43. Pero, es el artículo 44 de la Constitucion, el que resume los deberes primordiales del Estado, entre los cuales se encuentran los poderes públicos como el legislativo y ejecutivo.

Dicho artículo, refiere que “Es deber del Estado, defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas a la seguridad y promover el bienestar general que se fundamentan en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”. Por lo tanto, el gobierno de Vizcarra y el nuevo Congreso, tienen que priorizar el interés nacional, antes que sus interés políticos e ideológicos. Las bancadas parlamentarias del nuevo Congreso no pueden actuar como francotiradores contra el poder ejecutivo, pero tampoco como mesa de partes del gobierno. El poder ejecutivo tampoco debe imponer una agenda legislativa al primer poder del estado, utilizándolo como piñata sino aprueba sus propuestas legislativas. Ambos poderes y sus cabezas, deben concertar leyes en beneficio del soberano y no de los grupos económicos ni las transnacionales como ha sido frecuente en los anteriores parlamentos. Acuerdo de Gobernabilidad es sinónimo de coordinación, colaboración y entendimiento entre los actores políticos, económicos y sociales de un país o región, por lo que el gobierno y el legislativo deben manejarse con equilibrio y ponderación para dar respuestas eficaces a las demandas sociales que hoy el Perú exige. Así deberían entenderlo los 130 nuevos inquilinos del Congreso Nacional Extraordinario.