LA IMPORTANCIA DEL CONTROL DIFUSO

                                                               

El juez federal de Estados Unidos, James Robart, emitió el 04 de febrero una resolución que dejó sin efecto en forma temporal el decreto del presidente  Donald Trump que firmó el 27 de enero del 2017 por el cual prohibía el ingreso al territorio norteamericano de ciudadanos de sietes países musulmanes por 120 días. La decisión del juez Robart es importante porque aplica el control difuso y tiene enorme trascendencia para los ciudadanos que desconocen los alcances de este principio constitucional. La demanda de amparo lo presentó la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y sus argumentos jurídicos fueron los siguientes: a) el decreto presidencial de Trump violaba los derechos al debido proceso, y, b) la prohibición de la discriminación religiosa  que consagra y protege la Constitución de Estados Unidos. Asimismo, agregaron que el decreto de Trump, violaba la ley de procedimientos administrativos.

Varios jueces, fiscales y juristas norteamericanos, saludaron la decisión del juez federal Robart, argumentando que el decreto presidencial discrimina a los musulmanes por su religión de estado que viola enmiendas constitucionales que señalan que ni el Congreso ni el Gobierno no pueden aprobar ni promulgar normas legales con respecto a la religión, ya que el Estado es laico. El abusivo decreto presidencial de Trump y la valiente resolución del juez Robart, a nuestro juicio, pone en evidencia al margen del principio de control difuso, otros dos principios constitucionales del sistema democrático: el principio de separación de poderes, pero también el principio de supremacía constitucional. Resumiremos cada uno de estos principios constitucionales. ¿Qué es el principio de control difuso? Es el principio por el cual cualquier operador del derecho (con mayor razón si es un juez), el magistrado al resolver un conflicto entre una norma de superior jerarquía con otra norma de inferior jerarquía, debe preferir la primera para resolver un caso concreto, inaplicando por tanto la ley que el juez considera inconstitucional porque contraviene la Constitución.

Por lo tanto, el principio del control difuso es una facultad constitucional que concede la Carta Magna a los órganos jurisdiccionales para revisar la constitucionalidad de las normas jurídicas que aprueba el Congreso, el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales o Gobiernos Municipales, donde los magistrados deben hacer prevalecer la Constitución sobre la ley y está sobre cualquier otra norma de jerarquía inferior. ¿Qué es el principio de separación de poderes? Es el principio por el cual los poderes legislativo, ejecutivo y judicial están separados y son autónomos en un Estado donde hay sistemas de controles y equilibrios que limiten sus facultades y protejan los derechos individuales de la persona, respetando siempre la Constitución. Por lo tanto, si bien el Congreso tiene atribuciones constitucionales para aprobar leyes, así como también el Gobierno Nacional puede aprobar decretos legislativos siempre que el Parlamento le haya delegado esa facultad, esas normas no pueden contravenir los principios de la Carta Magna.

 Por lo tanto, cuando el poder ejecutivo o legislativo, emiten normas que violentan la Constitución, es el Poder Judicial a través de los jueces quienes haciendo uso de su facultad constitucional de ejercer el control difuso para un caso concreto, pueden declarar inaplicable una determinada norma jurídica. ¿Qué es el principio de supremacía constitucional? Es un principio del derecho constitucional por el cual en cualquier Estado Democrático, la Constitución jerárquicamente está por encima de todas las normas jurídicas, ya que la Carta Magna es considerada como la ley suprema. El control difuso que aplicó el juez norteamericano Robart contra el decreto presidencial de Donald Trump tiene por tanto sustento constitucional porque prefirió la norma suprema (Constitución de EE.UU) a una ley que promulgó el nuevo inquilino de la Casa Blanca, aunque el gobierno de Trump apeló el caso que puede llegar a la Suprema Corte de ese país. En el Perú, los magistrados del poder judicial, han inaplicado en múltiples ocasiones el control difuso. Sin embargo, dos han sido los casos emblemáticos que cobraron notoriedad.

El Tribunal Constitucional tiene la facultad de ejercer el control concentrado de la Constitución, sin embargo en una sentencia de 1997, ejerció el derecho excepcional de control difuso e inaplicó  la ley 26657 que aprobó el Congreso fujimorista por considerar inconstitucional la ley de “interpretación auténtica” que pretendía legalizar la reelección de Fujimori el año 2,000,  ya  que contravenía el artículo 112 de la Constitución. El otro caso es reciente y generó polémica el 2017. La jueza Malbina Saldaña declaró fundada la acción de amparo interpuesto por Oscar Ugarteche contra RENIEC y ordenó a la entidad demandada que reconozca e inscriba el matrimonio celebrado en México con otro homosexual y se inscriba en el registro civil correspondiente. En este caso concreto, la jueza aplicó el control difuso, pero también aplicó el control convencional que otra ocasión lo abordaremos. ¿Cuáles fueron  los argumentos jurídicos de la jueza? Señaló que el Código Civil (decreto legislativo 295 de 1984) en su artículo 234 (matrimonio entre varón y mujer) no se ha adaptado a la realidad social del país, (la unión entre homosexuales) por lo que RENIEC ha violado el artículo 2 de la Constitución que consagra el derecho a la igualdad, no discriminación y el libre desarrollo y bienestar personal, aplicando por tanto el control difuso contra el artículo 234 del Código Civil. Es otro caso más de la importancia del control difuso.