Es un magistrado valiente que ha destapado la cloaca empresarial,
gubernamental, parlamentaria y partidaria de Brasil y hoy es considerado como
el símbolo nacional contra la corrupción en su país. Ese enfrentamiento a la élite política y empresarial, le ha ocasionado amplio respaldo popular, pero también
criticas furibundas contra su actuación por parte de los denunciados. Sus investigaciones
judiciales alcanzaron notoriedad nacional en el Caso Banestado en la pasada década
y que culminó con la condena 97 personas por enviar remesas ilegales de divisas
al exterior desde bancos brasileños. Pero su fama internacional creció hace dos
años atrás cuando comenzó a investigar a Petrobras que es la empresa pública
más poderosa de Brasil y de América Latina, que tiene 87 mil empleados y
produce más de dos millones de barriles de petróleo diariamente. El juez
brasileño detectó que había indicios de “corrupción sistémica” enquistada en la
petrolera estatal en el que la regla era que las empresas privadas
constructoras pagaban sobornos a directivos y funcionarios de Petrobras que oscilaban
entre el 1% al 3% del valor total de las obras para obtener contratos de la
poderosa empresa petrolera.
Esos sobornos se distribuían entre funcionarios de la petrolera
estatal, ministros de estado que se hacían de la vista gorda, congresistas de
la república que no fiscalizaban y dirigentes de los principales partidos políticos
brasileños que recibían dinero y con eso financiaban las campañas electorales
de sus organizaciones políticas para llegar al poder municipal, regional o
nacional. Investigaciones fiscales brasileñas estiman que se habría efectuado licitaciones
amañadas por un valor estimado de 10 mil millones de dólares producto del cual
se habría sobrevalorado alrededor de 750 contratos de obras en diversos países de
América Latina en la última década y calculan que cerca a 2 mil millones de dólares
se habrían pagado en coimas y sobornos. El juez brasileño comenzó su investigación
en el complejo Caso Lava Jato (lava coches), que se inició en una estación de
gasolina donde se enviaba dinero al exterior en forma clandestina. Paulo Costa y Alberto Yousef, fueron
detenidos, investigados y fueron los delatores en el caso de sobornos de
Petrobras, llegando a un acuerdo con representantes de la justicia brasileña
para contar todo lo que sabían de este entramado caso a cambio de recibir penas
menores.
Los mandatos de prisión y sentencias que suscribió el juez causaron un
terremoto político y económico en Brasil que nunca antes se registró en ese país.
Sentenció a prisión a los presidentes ejecutivos de las tres mejores y poderosas
empresas privadas, a diputados, senadores, ministros de estado y principales dirigentes
de los partidos políticos como el Partido de los Trabajadores, el PTB y el
PSDB. Si bien la partidocracia es mal vista por el pueblo, el Partido de los Trabajadores
que encumbró a Lula Da Silva y hoy a Dilma Rouseff en la Presidencia de la
República, está en el peor momento de popularidad gubernamental que apenas
llega hoy al 08%. Rouseff fue anteriormente presidenta de Petrobras y señaló
que nunca supo de coimas, mientras que Lula es acusado por la fiscalía por
delitos de lavado de dinero y falsificación y porque habría recibido
departamentos de lujo por constructoras privadas que recibieron contratos de
Petrobras años atrás. El terremoto político que causo el juez brasileño sacudió
a la opinión pública ya que nunca antes un magistrado ordenó allanar el
domicilio de un ex presidente para interrogarlo como lo hizo con Lula. Para
salir de este problema la presidenta Rouseff nombró como primer ministro a Lula
en un claro intento de evadir la justicia. El juez brasileño ordenó la intervención
del teléfono de Lula en la que la presidenta le señalaba a su aliado que su
nombramiento de primer ministro “era para que lo usará en caso fuera necesario”.
Es decir, lo blindaba constitucionalmente ya que los ministros solo pueden
juzgados por el Supremo Tribunal Federal de Brasil.
La posterior difusión de ese audio ante la opinión pública generó una reacción
mayoritaria y movilizaciones de condena contra la presidenta brasileña. Pero, después
un juez supremo invalido el nombramiento de ministro de Lula, lo que ha
motivado que el ex presidente apele a esa decisión y espera que el Supremo
Tribunal defina en conjunto su situación próximamente. Pero, ¿Quién es ese juez
que ha destapado la cloaca política y empresarial en Brasil? Su nombre es Sergio
Moro. Nació en Maringa, es abogado desde 1966 y es juez superior desde 1996.
Egresó de la Universidad Regional de Maringa y cursó sus estudios de pos grado
en la Universidad de Harvard de Estados Unidos. Es docente de Derecho Procesal
Penal de la Universidad de Paraná y asesor de la Comisión de Constitución y
Justicia del Senado de Brasil. Ha publicado sus libros “Crímenes de lavado de
dinero” y “Aplicación Judicial de Normas Constitucionales”. El súper juez
Sergio Moro les ha respondido a sus críticos que “el verdadero peligro para la economía
es la corrupción y no la investigación judicial que estoy realizando”. ¿Tendremos
alguna vez en el Perú un juez con las agallas de Sergio Moro?
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