UN CATACLISMO JURÍDICO INEXPLICABLE

La Real Academia Española define al cataclismo como una catástrofe sísmica de gran magnitud que ocasiona profundo daño y conmoción en un determinado espacio geográfico, mientras que la Escala Sismológica de Richter da cuenta de los grados de magnitud de los sismos. Cuando la magnitud es 3, se denomina sismo menor, de magnitud 5 es un sismo moderado, de magnitud 6 es un terremoto fuerte, de magnitud 7 es terremoto mayor, pero si supera la magnitud 8, se denomina cataclismo que causa graves daños naturales y físicos en jurisdicciones territoriales a cientos de kilómetros a la redonda. 

Lo que aconteció el domingo 19 de mayo podría considerarse como el mayor “cataclismo jurídico inexplicable”, en forma figurada en la comunidad jurídica del país, ya que solo 3 de 104 abogados postulantes a la Junta Nacional de Justicia, aprobaron el examen escrito de conocimientos que convocó la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia. Los abogados respondieron 50 preguntas siendo el puntaje total sobre 100 puntos, por lo que la nota mínima era de 66 puntos para aprobar el examen escrito por lo que debía responderse acertadamente 33 preguntas. Lo grave es que, de 104 evaluados, solo 3 pasaron la primera valla de evaluación, lo que significa que el 95% de abogados fueron desaprobados, algo que nunca ocurrió en exámenes similares para magistrados.   

Las preguntas a los postulantes se enfocaron en el Derecho Constitucional, Derecho Procesal, Derecho Penal, Derecho Administrativo y la gestión pública. Según las bases del concurso, la prueba escrita tiene un peso del 30% del total del puntaje, la evaluación curricular 30%, mientras que la entrevista personal tiene un peso del 40% del total. Ante estos resultados catastróficos donde se presentaron veteranos abogados y ex decanos de todo el país y con amplia experiencia jurídica y académica, cabe preguntar lo siguiente: ¿Por qué tantos jalados? ¿No hubo calidad de postulantes? ¿Las preguntas estuvieron mal formuladas? ¿Hubo excesiva rigurosidad en las preguntas? ¿Se formularon preguntas capciosas? ¿Se buscó el memorismo del postulante en las preguntas? ¿No se actualizan los abogados en jurisprudencia? ¿No leen los abogados la legislación siempre cambiante? 

¿Debió definirse primero qué tipo de conocimientos y habilidades debían reunir los postulantes? ¿No tienen suficiente base doctrinaria los letrados en su formación profesional? ¿Qué responsabilidad tienen las Facultades de Derecho en los resultados catastróficos? ¿No deberían hacer un mea culpa los Colegios de Abogados ante estos resultados fatales? ¿Debió definir mejor la Comisión Especial cual es el tipo de perfil que deben reunir los integrantes de la Junta Nacional de Justicia? ¿Debe convocarse un nuevo concurso publico de méritos? ¿O debería invitarse a juristas connotados del país? ¿Cuál de estos dos concursos tendría mayor legitimidad y legalidad? ¿Tiene potestad la Comisión Especial para modificar las bases de un nuevo concurso o dicha atribución solo le compete al Congreso Nacional? ¿Tendremos instalada la Junta Nacional de Justicia antes de fiestas patrias con sus 07 magistrados titulares y suplentes?

Estos resultados tienen que ser evaluados integralmente y con espíritu auto critico en toda la comunidad jurídica. El portal la ley.pe publicó los resultados de una encuesta nacional entre los abogados, siendo algunos datos muy relevantes. Informó que en el Perú al año 2018 estaban registrados más de 140 mil abogados, de los cuales 80 mil estaban registrados en Lima y Callao, seguidos de Arequipa y la Libertad que bordeaban los 10 mil colegiados en cada uno de ellos. Del total de letrados encuestados, el 25% reconocía haberse especializado en Derecho Penal, el 24% en Derecho Civil, el 17% en Derecho Laboral, el 14% en Derecho Administrativo, el 7% en Derecho Constitucional y el 5% en Derecho Administrativo. 

A la pregunta de cómo evaluaban los abogados a la administración de justicia en el país, estas fueron las respuestas: el 50% calificaba de regular al sistema de justicia, el 29% lo consideraba como malo, el 13% como muy malo y solo un 8% lo calificaba como buen sistema judicial.  Los resultados del examen escrito a la Junta Nacional de Justicia ponen en evidencia cosas positivas y negativas, pero también retos inmediatos. Lo negativo y concreto es que la formación jurídica de los abogados no es óptima en el país. Eso obliga a que las Facultades de Derecho de las Universidades revisen sus mallas curriculares de pre y postgrado, pero también tengan mejores docentes, mientras que los Colegios de Abogados capaciten mejor a sus colegiados en diversas especialidades. 

Lo positivo es que los resultados del examen fueron publicados a pocas horas de concluir la prueba como muestra de transparencia. Lo preocupante que solo se publicó los resultados de los aprobados, cuando debió publicarse las notas de todos, ya que postulan a cargos públicos y no cargos privados y los peruanos tenemos derecho a conocer que todos los procesos sean transparentes integralmente y no parcialmente. Urge una mesa redonda o conversatorio entre las Universidades y Colegios de Abogados, más la Academia de la Magistratura para proponer reformas académicas y éticas a la formación jurídica no solo de los abogados, sino también de los jueces y fiscales que requiere nuestro sistema judicial y no tengamos en los próximos meses otro concurso con otro “cataclismo jurídico” cuyos resultados nos avergüence ante la comunidad internacional.