LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD

              

  

Los principios de legalidad y legitimidad son necesarios en una sociedad y en un Estado, aunque en ocasiones no siempre van de la mano. El principio de legalidad tiene múltiples definiciones. Algunos sostienen que se fundamenta en el estado de derecho, por lo que todas las autoridades y ciudadanos deben actuar dentro del ámbito de la ley y no incurrir en el ejercicio arbitrario del poder. El principio de legalidad o primacía de la ley, se sustenta cuando una autoridad o los ciudadanos ejercemos nuestros derechos y deberes de acuerdo con la Constitución, la ley, los estatutos  y los reglamentos vigentes, por lo que la legalidad es una regla de oro dentro de un sistema democrático. Aplicar el principio de legalidad nos asegura a los ciudadanos dos valores jurídicos esenciales en una democracia: La certeza y la igualdad. Lo que quiere decir que uno puede prever las consecuencias de sus acciones si desacata una ley, pero también exigir ser tratado como ciudadano sin preferencias, ni exclusiones, ya que en un estado constitucional de derecho, el principio de legalidad es para todos, gobernantes, personas naturales y personas jurídicas.

Obviamente, quien se aparta del ordenamiento jurídico vigente, sufrirá las consecuencias de sus actos tanto en el aspecto constitucional, penal, civil, administrativo y sus actos pueden ser declarados nulos por los organismos correspondientes. Otro aspecto importante es que el principio de legalidad nos asegura a las personas el respeto a la seguridad jurídica Eso significa según el Tribunal Constitucional “una condición esencial para las personas en un Estado ya que representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley y evita que el capricho, torpeza o mala voluntad de los gobernantes puedan causarles perjuicio”. En nuestra Constitución Política el principio de legalidad está considerado en varios artículos. Entre ellos, el artículo 2 inciso 24 literal A que señala que “nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”. Asimismo, el artículo 2 inciso 24 literal D, que afirma que “ Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley”. 

El principio de legitimidad también tiene múltiples definiciones. Algunos afirman que una autoridad será legítima cuando cuente con el apoyo, respaldo o adhesión de un grupo de personas que oportunamente y consecuentemente lo apoyen en la postulación o elección a un cargo determinado. La legitimidad es un atributo del pueblo soberano para elegir a sus autoridades en cualquier nivel, siempre y cuando se respete el principio de legalidad. Es decir, los procedimientos establecidos con anterioridad en la Constitución, en la ley, en sus estatutos o en un reglamento. La legitimidad tiene la atribución de ser reconocido y obedecido por todos sin recurrir a la coacción ni a la violencia. En una democracia, los electores de un grupo o institución pública o privada, pueden lamentar haber perdido una elección, pero no por ello pueden desconocer ni desobedecer a la nueva autoridad, siempre y cuando esta nueva autoridad goce de legalidad y legitimidad para exigir luego seguridad jurídica. 

 Hay legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Por ejemplo, Fujimori tuvo legalidad y legitimidad de origen en las elecciones de 1990 cuando derroto a Vargas Llosa. Pero, cuando el 05 de abril de 1992 dio el golpe de estado, perdió la legitimidad de ejercicio y legalidad en su  cargo, ya que violó la Constitución de 1979, cerró el Poder Judicial y el Poder Legislativo, convirtiéndose en un dictador.  Un claro ejemplo de ilegitimidad lo establece claramente el artículo 46 de nuestra Constitución. “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas”. Como se aprecia, legalidad y legitimidad siempre deben ir de mano, especialmente cuando hay procesos electorales. Pero no siempre sucede así. Un claro ejemplo fue la famosa ley “pulpin” que aprobó el Congreso Nacional. Si bien el Parlamento tiene la atribución constitucional de aprobar leyes de alcance nacional, esas normas jurídicas deben gozar de respaldo, adhesión y apoyo de la población. Pero en el caso de la ley pulpin, fue la presión ciudadana y mediática que obligó al  Congreso a retroceder y tuvo que derogarse esa norma, porque no gozaba de legitimidad o respaldo popular.