LA REFORMA INTEGRAL DEL ESTADO PERUANO

                   LA REFORMA INTEGRAL DEL ESTADO PERUANO  

      

Mediante resolución suprema suscrita por el presidente Martín Vizcarra, el gobierno nombró una comisión de reforma del sistema de justicia como respuesta a los presuntos actos de corrupción de magistrados judiciales y consejeros de la magistratura que habrían utilizado sus cargos para favores personales y negociados que desprestigia al sistema judicial. La comisión la integran siete juristas y académicos limeños que, en doce días, deberán presentar propuestas de reforma urgente para una justicia eficaz, transparente e incorruptible, que será anunciado el 28 de julio en el Congreso en el tradicional mensaje a la nación del presidente Vizcarra. Una primera crítica es que, en dicha comisión, no hay ningún representante del interior del país ya que todos son abogados capitalinos que tienen sus intereses, lo que evidencia que Vizcarra sigue manejando el país en forma centralista, pese a provenir de una región de la macro sur.

Esta exclusión es un maltrato innecesario a los provincianos porque se les margina de poder aportar propuestas en un tema de Estado, como es el sistema judicial ya que es un problema de todos los peruanos y no solo de los limeños. Una segunda critica es que Vizcarra sigue actuando como bombero para apagar el incendio como lo hicieron los anteriores presidentes. El inquilino de palacio de gobierno no tiene visión de estado para encarar temas de interés nacional a mediano y largo plazo, sino parece un gobernante más que pretende solucionar un problema a corto plazo. No solo el poder judicial está en crisis de legitimidad y credibilidad, sino también el poder legislativo y el poder ejecutivo. Pero también, algunos organismos constitucionales autónomos, incluidos los gobiernos descentralizados. Según la encuestadora Ipsos Apoyo a mayo 2018, el 47% de peruanos desaprobaba la gestión del presidente del poder ejecutivo, Martín Vizcarra, mientras que solo el 39% lo aprobaba.

El poder legislativo era desaprobado por el 72% de peruanos y solo un 19% aprobaba la gestión del parlamento nacional, en tanto que el poder judicial era desaprobado por el 64% de peruanos y solo el 25% de compatriotas aprobaba la gestión judicial. Es decir, es la actual estructura estatal la que está en crisis permanente y no solo el poder judicial. Era la oportunidad histórica ad portas del bicentenario de la república, para que el mandatario nacional conforme una comisión nacional de alto nivel que no solo encare la problemática judicial, sino la problemática de todo el Estado peruano en su integridad. Vizcarra convocó a un Consejo de Estado a palacio de gobierno a los titulares de los poderes clásicos y algunos organismos constitucionales autónomos que fue una simple reunión de cúpulas de instituciones cuestionadas por la opinión pública. El Consejo de Estado no está instituido en la Constitución ni tiene ley de creación y en una futura reforma constitucional, debería incluírsele en la Carta Magna para que el Estado funcione como un reloj y no como hoy sucede, donde los poderes públicos al amparo de su autonomía constitucional, incurren con frecuencia en el abuso del derecho.

Una tercera critica es que los presidentes de los tres poderes clásicos, aún no han presentado iniciativas de reforma constitucional y legal de sus respectivos sectores ante el Congreso Nacional para modernizarse y recuperar su legitimidad pese a que tienen esa atribución constitucional. Lo ideal hubiera sido que esos poderes públicos presenten proyectos de auto reforma para modernizar sus respectivos sectores de cara al bicentenario que cumpliremos el año 2021. No lo han hecho y no lo harían porque está en juego sus intereses y privilegios que tienen. Entre ellos intereses políticos, económicos y sociales que no querrán perder. El presidente Vizcarra está a tiempo de impulsar grandes reformas de Estado ya que su mandato concluirá el 2021, pero que estas comisiones para reformar los poderes clásicos, organismos constitucionales autónomos y gobiernos nacionales, deben ser consensuados en el Acuerdo Nacional que es un foro de múltiple participación nacional.

Alli están representados los poderes clásicos, los representantes de los partidos políticos, iglesias, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, colegios profesionales, frentes regionales, etc. Es decir, está representado el Perú y no solo las cúpulas de los poderes clásicos cuando son convocados al Consejo de Estado. Algunos Estados de América Latina que recordaron y celebraron sus bicentenarios de independencia en la última década, no solo conformaron comisiones de trabajo para revisar sus estructuras estatales y modernizarlas al servicio del ciudadano, sino que también aprobaron reformas constitucionales para adecuar esas reformas a sus Cartas Magnas. En nuestra patria, a 25 años de vigencia de la actual Constitucional que se aprobó en el referéndum del año 1993, ni la partidocracia asentada en el Congreso Nacional, ni las cúpulas del poder ejecutivo ni judicial no han mostrado ningún interés en auto reformarse y menos de revisar algunos capítulos de la actual Carta Magna. El Jefe de Estado actual tiene ese deber de revisar la estructura del Estado Peruano con el apoyo de comisiones y especialistas de todo el país y no solo del centralismo limeño. Estoy seguro que tendría amplio apoyo del interior del país y la única oposición sería de los neoliberales que creen que la Constitucion de 1993 es perfecta. ¿Lo hará el presidente Vizcarra?