SALVEMOS A LA C.I.D.H.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), público un comunicado reciente donde señala en síntesis lo siguiente: a) que atraviesa por una crisis financiera extrema para cumplir su mandato ya que el 31 de julio vence el contrato del 40% de su personal y ha suspendido sus sesiones ordinarias de julio y septiembre del 2016, y, b) esta suspensión ocasionará la detención del procesamiento de denuncias sobre violaciones de derechos humanos  causando la indefensión de miles de víctima por lo que hicieron un llamado a los Estados  a realizar aportes financieros urgentes antes del 15 de junio. Pocos latinos conocen el rol histórico y la importancia que ha tenido  la CIDH en los últimos 56 años de vida institucional. La CIDH nació jurídicamente en 1959, aunque recién comenzó a funcionar desde 1960. Fue justamente en America Latina entre 1940 y 1980 donde se establecieron varias dictaduras militares y civiles  en varios países donde se violaron derechos humanos de ciudadanos, deteniendo, torturando y asesinando a miles de personas, dejando en la impunidad esos delitos perpetrados. 

Hubo dictaduras en Perú, Bolivia, Chile, Brasil, Uruguay, Colombia, Venezuela, Ecuador, y otros Estados de Centro America, impulsadas por el país más capitalista del mundo, quienes apoyaron a esos dictadores para evitar que en latinoamericana se instale gobiernos comunistas ligados a la ex URSS. Fueron las incipientes organizaciones de la sociedad civil quienes promovieron la creación en la OEA de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vele por la promoción y respeto a los derechos humanos por parte de los Estados. La CIDH desde la década del setenta del siglo XX, emitió informes anuales de derechos humanos por cada Estado donde señaló en qué Estados no se respetaba plenamente los DD.HH.  y en qué Estados se respetaba parcialmente los DD.HH. Algunos Estados ya con gobernantes elegidos por sus pueblos, expresaron su malestar contra la CIDH por esos informes desfavorables que perjudicaban su imagen internacional. Posteriormente, la CIDH comenzó a visitar algunos Estados para verificar las denuncias de civiles que llegaban a ese organismo internacional y es recién desde 1980 cuando la CIDH es autorizada a formalizar denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos  contra los Estados que habían violado los derechos humanos de sus ciudadanos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. 

La OEA está conformada por 34 Estados de los cuales 19 le adeudan más de 68 millones de dólares en el último quinquenio. El Presidente de la CIDH, Dr. James Cavallaro, manifestó que la OEA  les destinó para su funcionamiento alrededor de 5 millones de dólares anuales lo que significa apenas el 6% para el sistema interamericano de derechos humanos, mientras que la Unión Europea le asigna al Consejo Europeo de Derechos Humanos el 41% de su presupuesto anual. Según el informe anual de la CIDH del año 2015 que se hizo público en la OEA, estos datos confirman la importancia de este organismo continental. El año 2015 recibió 2,164 peticiones de ciudadanos, siendo admitidas 1,392. Registró 5 informes de solución amistosa con los Estados y formalizó denuncia contra 14 Estados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación de la Convención Americana de DD.HH. Emitió 45 medidas cautelares de protección a ciudadanos de America Latina, y 159 ciudadanos del Perú recurrieron el año 2015 ante la CIDH para que intervenga en casos de violación de derechos humanos. 

En la última década, algunos Estados ha expresando públicamente sus criticas tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso, algunos gobernantes han pedido que se modifique lo que ellos denominan “excesivas atribuciones de la CIDH” y otros, se han retirado de ese organismo, como Venezuela. Es decir, algunos Estados, o mejor dicho algunos gobiernos o gobernantes,  practican la “doble moral” lo que es inaceptable. Se comprometieron a respetar la Convención Americana de DD.HH. que es una constitución continental que garantiza nuestros derechos humanos, pero en los hechos la ahogan financieramente porque esta institución los denuncia en sus informes anuales como violadores parciales de los derechos humanos en sus Estados. No debemos ser pasivos, ni indiferentes hoy ante la situación actual de la CIDH. Especialmente las organizaciones de la sociedad civil, como los Colegios Profesionales, Gremios Sindicales y las organizaciones defensoras de derechos humanos. Los 950 millones de ciudadanos que vivimos en America Latina debemos exigir a nuestros gobiernos que sigan financiando al organismo continental que ha trabajado silenciosamente en las últimas décadas. Salvemos a la CIDH.