La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), público un
comunicado reciente donde señala en síntesis lo siguiente: a) que atraviesa por
una crisis financiera extrema para cumplir su mandato ya que el 31 de julio
vence el contrato del 40% de su personal y ha suspendido sus sesiones
ordinarias de julio y septiembre del 2016, y, b) esta suspensión ocasionará la detención
del procesamiento de denuncias sobre violaciones de derechos humanos causando la indefensión de miles de víctima por
lo que hicieron un llamado a los Estados
a realizar aportes financieros urgentes antes del 15 de junio. Pocos
latinos conocen el rol histórico y la importancia que ha tenido la CIDH en los últimos 56 años de vida
institucional. La CIDH nació jurídicamente en 1959, aunque recién comenzó a
funcionar desde 1960. Fue justamente en America Latina entre 1940 y 1980 donde
se establecieron varias dictaduras militares y civiles en varios países donde se violaron derechos
humanos de ciudadanos, deteniendo, torturando y asesinando a miles de personas,
dejando en la impunidad esos delitos perpetrados.
Hubo dictaduras en Perú, Bolivia, Chile, Brasil, Uruguay, Colombia,
Venezuela, Ecuador, y otros Estados de Centro America, impulsadas por el país
más capitalista del mundo, quienes apoyaron a esos dictadores para evitar que
en latinoamericana se instale gobiernos comunistas ligados a la ex URSS. Fueron
las incipientes organizaciones de la sociedad civil quienes promovieron la creación
en la OEA de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vele por la promoción
y respeto a los derechos humanos por parte de los Estados. La CIDH desde la década
del setenta del siglo XX, emitió informes anuales de derechos humanos por cada
Estado donde señaló en qué Estados no se respetaba plenamente los DD.HH. y en qué Estados se respetaba parcialmente los
DD.HH. Algunos Estados ya con gobernantes elegidos por sus pueblos, expresaron
su malestar contra la CIDH por esos informes desfavorables que perjudicaban su
imagen internacional. Posteriormente, la CIDH comenzó a visitar algunos Estados
para verificar las denuncias de civiles que llegaban a ese organismo
internacional y es recién desde 1980 cuando la CIDH es autorizada a formalizar
denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra los Estados que habían violado los
derechos humanos de sus ciudadanos establecidos en la Convención Americana de
Derechos Humanos.
La OEA está conformada por 34 Estados de los cuales 19 le adeudan más
de 68 millones de dólares en el último quinquenio. El Presidente de la CIDH,
Dr. James Cavallaro, manifestó que la OEA les destinó para su funcionamiento alrededor
de 5 millones de dólares anuales lo que significa apenas el 6% para el sistema
interamericano de derechos humanos, mientras que la Unión Europea le asigna al
Consejo Europeo de Derechos Humanos el 41% de su presupuesto anual. Según el
informe anual de la CIDH del año 2015 que se hizo público en la OEA, estos
datos confirman la importancia de este organismo continental. El año 2015
recibió 2,164 peticiones de ciudadanos, siendo admitidas 1,392. Registró 5
informes de solución amistosa con los Estados y formalizó denuncia contra 14
Estados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación de la Convención
Americana de DD.HH. Emitió 45 medidas cautelares de protección a ciudadanos de
America Latina, y 159 ciudadanos del Perú recurrieron el año 2015 ante la CIDH
para que intervenga en casos de violación de derechos humanos.
En la última década, algunos Estados ha expresando públicamente sus
criticas tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
e incluso, algunos gobernantes han pedido que se modifique lo que ellos
denominan “excesivas atribuciones de la CIDH” y otros, se han retirado de ese
organismo, como Venezuela. Es decir, algunos Estados, o mejor dicho algunos
gobiernos o gobernantes, practican la “doble
moral” lo que es inaceptable. Se comprometieron a respetar la Convención
Americana de DD.HH. que es una constitución continental que garantiza nuestros
derechos humanos, pero en los hechos la ahogan financieramente porque esta institución
los denuncia en sus informes anuales como violadores parciales de los derechos
humanos en sus Estados. No debemos ser pasivos, ni indiferentes hoy ante la situación
actual de la CIDH. Especialmente las organizaciones de la sociedad civil, como
los Colegios Profesionales, Gremios Sindicales y las organizaciones defensoras
de derechos humanos. Los 950 millones de ciudadanos que vivimos en America
Latina debemos exigir a nuestros gobiernos que sigan financiando al organismo
continental que ha trabajado silenciosamente en las últimas décadas. Salvemos a
la CIDH.
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