martes, 13 de junio de 2017

LA IMPORTANCIA DEL PERIODISMO SOCIAL


Con frecuencia los medios de comunicación y la prensa priorizan las noticias de periodismo político, económico, policial, judicial,  farandulero y deportivo, pero con menor frecuencia e intensidad el periodismo cultural, tecnológico y el periodismo social. No hay una profunda investigación sobre el tema que confirme lo anterior, pero basta que cualquier ciudadano tenga en sus manos los diarios de circulación nacional y regional para revisar el contenido y comprobar que el periodismo social tiene muy poca cobertura en los medios de comunicación social y solo rebotan en las grandes cadenas nacionales e internacionales cuando hay varios heridos y muertos. ¿Qué entendemos por periodismo social? Alicia Cytrynblum sostiene que “el periodismo social no se conforma con el elemental cuidado de la información-pluralismo, independencia-rigor- propio de la tarea periodística, sino que suma su compromiso con los procesos sociales de su jurisdicción”.

Ryszard Kapuscinski afirma a su turno que el periodismo social es importante ya que el “papel del periodista en épocas de crisis es hablar de aquello que no se habla, subrayar lo que se margina, llamar la atención a la sociedad sobre aquellos aspectos de la sociedad que no tienen posibilidad de volverse temas estrella, de aquellos problemas que ni con el calzador se pueden meter en el estrecho marco de la reluciente televisión”. Ambos autores sostienen entonces que el periodismo social es una responsabilidad vital para la coexistencia de comunidades armoniosas y empoderadas en la toma de decisiones pertinentes que les permitan lograr el bien común al que aspiran todas las sociedades. Eso debe obligar a que los periodistas reorienten su rol y definir cuál es la función social de la prensa y no solo priorizar los temas políticos, económicos ni policiales que generalmente tienen gran cobertura. Es importante que los periodistas comprendan que en todo proceso hay tres actores centrales y otros colaterales.

En primer lugar, están los representantes del estado o de los gobiernos quienes aprueban normas jurídicas o políticas públicas supuestamente en favor de la sociedad. En segundo lugar, siempre estarán presentes los representantes del mercado económico, sea de empresas de bienes o servicios públicos o privados que siempre tienen sus intereses. En tercer lugar, estarán los representantes de los sectores sociales de diversas instituciones y organizaciones que representan a la sociedad civil que no tienen poder político ni económico, pero si el “poder de la calle o movilización”  que pueden jaquear decisiones políticas o económicas de los poderes públicos o poderes facticos. La prensa  por lo tanto siempre debe ser vigilante de la actuación de los representantes del estado, del mercado y no ignorar ni ningunear a los representantes de la sociedad civil cuando haya temas que afecten a los ciudadanos. Los periodistas sociales deben por tanto ser el vínculo que establezca puentes entre el poder y la sociedad.

Gabriel García Márquez planteó cinco propuestas para un nuevo orden social que no han perdido actualidad y que los periodistas deberían de tomar en cuenta: a) diagnosticar con la mayor exactitud los problemas que van a ser investigados, b) escuchar las voces de los beneficiados o afectados de una decisión del poder político o económico, c) analizar las experiencias exitosas y no exitosas de intervención pública de otros estados, d) supervisar las responsabilidades de los segmentos de la sociedad y cuestionar las omisiones, e) hacer el seguimiento de temas de reformas sociales. No hay duda que en nuestra sociedad hay desigualdad y exclusión, pero también discriminación por edad, raza, discapacidad, por remuneraciones, por religión, etc. Los periodistas tienen el deber ético y la responsabilidad social de no fomentar la marginación, exclusión y segregación en las coberturas de noticias a las minorías que generalmente soportan en silencio las consecuencias de las decisiones políticas, económicas o sociales.

Ante la desigualdad, la académica Cytrynblum propone lo siguiente: a) evitar la criminalización de la pobreza, b) incorporar en las coberturas de noticias a las minorías, c) evitar discriminar el uso de adjetivos étnicos en temas policiales, d) denunciar todo tipo de discriminación en coberturas informativas. En resumen, las exigencias del mundo globalizado obligan a los medios de comunicación a poner en práctica la especialidad del periodismo social y los temas sociales no deben ser marginados y deben ser puestos en debate en los medios para encontrar soluciones con la participación ciudadana y evitar los conflictos sociales. Los periodistas no deben ser voceros de políticos ni empresarios y los hombres de prensa deben estar comprometidos con la verdad, tratando de encontrar las causas de las demandas sociales y proponer soluciones a los problemas en su jurisdicción.


sábado, 3 de junio de 2017

EL PECADO DEL CONTRALOR



No tengo duda que el Contralor debe ser la reserva moral del Estado frente a la corrupción y los actos ilícitos de quienes transgreden el ordenamiento jurídico del país desde el sector público o privado. Pero, creo también que la institucionalidad de la Contraloría, debe mantenerse y defenderse porque esta entidad pública es de acuerdo al artículo 82 de la Constitución, el órgano superior del sistema nacional de control que supervisa la legalidad de la ejecución de los presupuestos del estado, de la deuda pública y de todos los actos de las instituciones públicas sujetas a control. El Contralor Alarcón es indefendible y deberá defenderse de todas las acusaciones en su contra en todas las instancias, debiendo respetarse su derecho a la defensa y el debido proceso.  Sin embargo, estoy totalmente sorprendido por la cacería mediática de los voceros del gobierno nacional de PPK, pero también de la prensa concentrada que en los últimos dias le han hecho un bullying mediático al Contralor, salvo honrosas excepciones.

Hace dos años en una conferencia de prensa en Arequipa donde asistí, le pregunte al entonces Contralor Koury lo siguiente: Dr. Koury. Ud. Constantemente visita las provincias para dar a conocer a la prensa los resultados de las acciones de control a las municipalidades pequeñas, gobiernos regionales, universidades públicas y organismos descentralizados públicos, pero ¿Cuándo nos informa usted del control que ustedes deben hacer a los ministerios del poder ejecutivo, al poder legislativo, al poder judicial, a los organismos constitucionales autónomos del estado donde se efectúan contratos millonarios? ¿Cuándo usted hará control riguroso a los tiburones del estado y no siempre a los pejerreyes? ¿Cuándo la Contraloría se va empoderar ante la ciudadanía fiscalizando a los más poderosos y no simplemente a las pequeñas instituciones del estado? Koury respondió que tenían un plan anual de trabajo y que habían previsto fiscalizar también a los poderosos y salió por la tangente. ¿Alguien recuerda que en la gestión del ex contralor se denunció algún ministro de estado o algún tiburón de la política limeña?

Mi percepción hoy es que el Contralor dio ese paso. Es decir, enfrentarse a los tiburones del estado y fiscalizar la legalidad del leonino contrato del aeropuerto de Chinchero y esa oprobiosa adenda que es una traición a la patria donde quería obligarse  a que el gobierno asuma el 80% de inversión, mientras que el privado solo iba a poner el 20% e iba tener una concesión de 40 años. Ese es el “pecado” de Alarcón. Haberse enfrentado al poder político y económico y sus intereses usureros. Este caso también pone en evidencia ante el país, lo que casi siempre pasa desapercibido a la opinión pública. El interés público y el interés privado. Es legítimo y legal que el privado que invierte y arriesga sus capitales, tenga derecho a obtener ganancias y rentabilidad, pero sujeto siempre al marco regulatorio que regula una actividad económica y las utilidades razonables que espera alcanzar que no pueden ni deben ser leoninas ni usureras. Esto por la sencilla razón, que vivimos en un Estado Constitucional donde debe primar la economía social de mercado según el artículo 58 de la Constitución, de modo que no puede concebirse que los empresarios crean que el Estado no pueda fijar reglas ni sirva para nada.

Pero, lo más sorprendente es que quien debió defender el interés público de todos los peruanos, es decir el gobierno nacional, con este oprobioso contrato y adenda, hizo todo lo contrario. Priorizó los intereses privados antes que los intereses públicos al pretender asumir la mayor inversión, cuando las asociaciones público-privadas y sus financiamientos deben ser asumidos mayoritariamente por el sector privado. Para evitar la vergüenza pública de la censura política en el parlamento nacional, tuvo que renunciar el ministro de transportes, aduciendo que el gobierno había resuelto dejar sin efecto el contrato con la empresa privada para la construcción del aeropuerto de Chinchero. La percepción mayoritaria de la opinión pública es que los gobiernos no cautelan los intereses públicos  y por esa razón, pierden legitimidad y respaldo popular en las encuestas, generando frustración y desengaño no solo en la democracia, sino también en los electores que votaron por ellos.

Otra vergüenza es el comportamiento de cierto sector de la prensa limeña concentrada, salvo honrosas excepciones. Ellos quieren un contralor a su medida. Que no cuestione, que no fiscalice, que no obstruya, que no ejerza su rol y que no entorpezca “las inversiones en nombre del sacrosanto mercado”. Los ataques al Contralor parecen una venganza de parte de los lobistas del poder económico que se visten de “analistas y consultores independientes”. Si como parece ser, caerá en los próximos dias el Contralor, eso no hará resucitar al cuestionado contrato ni la adenda abusiva a favor de la empresa privada, porque la percepción de la mayoría de peruanos es que no tenemos un gobierno que defienda los intereses públicos. Salvo mejor parecer.


miércoles, 5 de abril de 2017

OTRO CUESTIONADO PROYECTO DE LEY SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

  
   
Las principales instituciones periodísticas del país han rechazado un proyecto de ley que presentaron dos congresistas fujimoristas sobre la libertad de expresión, en algunos casos con buena argumentación y en otros casos, con una pésima argumentación e incluso con adjetivos peyorativos, impropios de la profesión, lo que pondría en evidencia que algunos directivos de estas instituciones periodísticas no son periodistas profesionales ni conocen de ética profesional. Algunos de ellos creen que la libertad de expresión solo es de los periodistas, pero es también de los ciudadanos. La libertad de expresión no es irrestricta e ilimitada, ya que la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución Política, si bien reconocen que no hay censura previa, si hay responsabilidades ulteriores  por el abuso y libertinaje de ese derecho, ya que ningún derecho es absoluto según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional del Perú. Pero, lo que más me llama la atención, es que el proyecto de ley de las fujimoristas Aramayo y Letona tiene múltiples errores.  

En primer lugar, esas legisladoras son abogadas de profesión y tienen múltiples abogados como asesores en el parlamento nacional, pero parece ser que ninguno de ellos han leído ni la Convención Americana de Derechos Humanos, ni la Constitución, ni los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni del Tribunal Constitucional del Perú antes de presentar y argumentar mejor sus cuestionados proyectos de ley. El proyecto original señala en síntesis que no podrán ser directores periodísticos, editores o productores las personas que mediante sentencia hayan sido condenadas por delitos de corrupción en perjuicio del Estado y se extiende a personas que vienen siendo investigadas por el Ministerio Público. En este tema, hay que hacer dos precisiones. El artículo 33 de la Constitución, señala lo siguiente: El ejercicio de la ciudadanía se suspende por, a) resolución judicial de interdicción, b) por sentencia con pena privativa de la libertad, c) por sentencia de inhabilitación de los derechos políticos. Por lo tanto, un ciudadano  si puede ser suspendido en sus derechos constitucionales siempre y cuando así lo señale la sentencia judicial final, pero esa suspensión si es sentenciado, no solo debería ser para casos de corrupción contra el Estado, sino para otro tipo de delitos penales.

Más allá de la pena judicial, ¿Seria ético y moral que un condenado judicial dirija un medio de comunicación o cualquier tipo de empresa? ¿Cuál sería entonces el mensaje a la sociedad y a nuestros y niños?  El cuestionado proyecto señala también que las personas que son investigadas por el Ministerio Público no deben ser directores ni editores de medios de comunicación. En este caso concreto, las legisladoras fujimoristas no leyeron el artículo 24 inciso e) de la Constitución que señala que “toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”. La presunción de inocencia es un derecho fundamental que todos debemos respetar, por lo que una investigación fiscal no significa una condena judicial, por lo que esta pobre y débil argumentación de las legisladoras no tiene sustento constitucional. Asimismo, el cuestionado proyecto de ley, señala que los ciudadanos podrán ejercer veeduría sobre medios de comunicación como mecanismo neutral, objetivo y desinteresado en nombre de la sociedad y que corresponderá al Ministerio de Transportes implementar ese mecanismo de acceso a la información ciudadana.


En relación a las veedurías ciudadanías, el proyecto olvido mencionar que los ciudadanos tenemos el derecho constitucional a la participación ciudadana, amparados en el artículo 2 inciso 13, que señala que “las personas tienen derecho a asociarse y constituir diversas formas de organización jurídica sin autorización previa y con arreglo a ley”. Es más, el artículo 2 inciso 17, afirma que las personas tenemos el derecho “a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la Nación”, por lo que no tenemos que pedirle permiso a burócratas ni a  empresarios de medios de comunicación para asociarse y conformar una veeduría si creyéramos conveniente hacerlo. Es más, amparados en el artículo 65 de la Constitución, que señala “que el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios” podríamos constituir una veeduría, asociación o comité para observar cómo se desenvuelven los medios de comunicación, ya que la ley 28278 de radio y televisión del país, define a los servicios de radiodifusión como “servicios privados de interés público” por lo que, en nombre del interés público de los usuarios, podríamos exigirles que cumplan sus principios y sus códigos de ética, lo que no sería ilegal ni inmoral. Lo grave, es que el proyecto pretendía facultar al Ministerio de Transportes implementar esa veeduría, lo que supondría que los burócratas que representan al gobierno de turno y sus relacionados, serían los llamados a supervisar a los medios lo que es inconstitucional e ilegal. Es lamentable que en el debate la sociedad civil y sus representantes, no se han pronunciado formalmente ya que la libertad de expresión no es un tema de políticos, periodistas y medios de comunicación, sino de toda la sociedad en general. 

martes, 21 de marzo de 2017

EL DERECHO A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA



Antes que el Ministerio de Educación modifique algunos artículos del cuestionado currículo escolar 2017 que un sector de la población peruana cuestionaba por temor a la ideología de género, algunos representantes de iglesias invocaban a los padres a presentar el derecho a la objeción de conciencia para evitar que la norma administrativa del sector educación se aplique en las aulas ya que estimaban que atentaba contra sus principios. ¿Qué es el derecho a la objeción de conciencia? Cañamares-2014, afirma que es “la negativa formulada por algunos individuos a cumplir una obligación jurídicamente exigible, derivada de una norma por razón de los dictados de su propia conciencia”, en tanto que López-1997, sostiene que “es el derecho que protege toda pretensión de contrariar un mandato imperativo contenido en una ley, un acto administrativo o un contrato, basado en razones de carácter religioso, ético, moral, filosófico y cuyo objeto consiste en esquivar el comportamiento contenido en cualquiera de las mencionadas categorías imperativas, es decir, incumplir un deber jurídico y ese derecho implica la resistencia de la persona ante el cumplimiento de algún precepto que entra en conflicto con sus convicciones”.

¿En qué normas jurídicas se ampara la objeción de conciencia? En el plano internacional, el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, señala que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”. Casi en similares términos, reconoce ese derecho el artículo 18.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como también el artículo 12.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En nuestra Constitución Política, el artículo 2, inciso 3 señala “que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público”. Sobre este tema, el Tribunal Constitucional señaló respecto a la libertad de conciencia en el expediente  06111-2009-PA, que es “la facultad del individuo de actuar y realizar su vida en consonancia con su personal concepción deontológica y es la libertad de la persona de poseer su propio juicio ético y de actuar conforme a dicho juicio en su entorno social o en el contexto en el que se desenvuelve”.

Sobre la libertad religiosa, en el expediente 06111-2009-PA, el TC afirmó que “es la capacidad de toda persona para auto determinarse de acuerdo con sus convicciones y creencias en el plano de la fe religiosa, así como para la práctica de la religión en todas sus manifestaciones individuales o colectivas, tanto públicas como privadas, con libertad para su enseñanza, culto, observancia y cambio de religión”. La ley 29635 denominada de libertad religiosa en su artículo 4 señala que la “objeción de conciencia es la oposición de un individuo al cumplimiento de un deber legal, en razón de sus convicciones morales o religiosas. Se ejerce la objeción de conciencia cuando alguien se ve imposibilitado de cumplir una obligación legal por causa de un imperativo moral o religioso, grave o ineludible, reconocido por la entidad religiosa a la que pertenece”. ¿Qué otras características tiene el derecho a la objeción de conciencia? Aparte de ser omisiva a una norma, su práctica debe ser pacífica y respetuosa del orden democrático del país y su abstención es su ausencia de fines políticos, ya que la objeción de conciencia no pretende modificar ni dejar sin efecto ninguna norma jurídica, sino incumplirla en un caso concreto.

¿Cuáles son los tipos de objeción de conciencia? Según Mario Madrid-2003, existe la objeción médica de intervenir en actos relacionados con la interrupción del embarazo o manipulación de genes humanos, la objeción psiquiátrica de someter a un paciente mental a tratamientos que resulten crueles, inhumanos o degradantes, la objeción veterinaria de someter a un animal a experimentos dolorosos, la objeción a donar sangre y someterse a la extracción sanguínea forzosa que se ha decretado por causa no relacionada con un proceso penal, con un proceso civil relacionada a la paternidad o un reglamento para prevenir enfermedades venéreas, la objeción educativa de quien no desea una asignatura obligatoria con cuyos contenidos éticos se encuentra en desacuerdo, la objeción matrimonial del funcionario público a casar a dos personas del mismo sexo, la objeción al trabajo sabático que regula su día religioso de descanso, la objeción al culto cívico de no  participar en ceremonias públicas y rendir homenaje a los emblemas, la objeción al sufragio de emitir su voto obligatorio en elecciones y la objeción al servicio militar e intervenir en conflictos bélicos, etc.



¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN JURISTA Y UN ABOGADO?



Leo con frecuencia en diarios de circulación nacional y regional  e incluso en ciudadanos que confunden al abogado con el jurista cuando hay diferencia entre ellos. Según el diccionario jurídico elemental del reconocido abogado laboralista e historiador, Dr. Guillermo Cabanellas, el abogado es “el profesional con título profesional que ejerce la abogacía en representación de personas naturales o jurídicas en un proceso”, mientras que el jurista es “el profesional que estudia, analiza e interpreta a profundidad la ciencia del derecho”. En la comunidad jurídica, los abogados cumplen diversas funciones y tienen diversas especialidades. Por ejemplo, el abogado-juez, que es la autoridad judicial que investido de potestad jurisdiccional, aplica las normas jurídicas y estudia las pruebas presentadas por las partes en litigio para resolver controversias administrando justicia a nombre de la Nación. El abogado-fiscal, es el que lleva adelante materialmente la dirección de una investigación y puede ejercer la acción penal pública a quienes transgreden el ordenamiento jurídico del país, mientras que el abogado-procurador, representa y defiende los intereses del Estado ante los órganos jurisdiccionales y administrativos.

Los abogados-notarios, son los receptores de la delegación que le hace el Estado para que asesoren y medien en asuntos privados teniendo la facultad de probar y autenticar los documentos, mientras que los abogados-profesores de derecho, enseñan en las aulas universitarias educación jurídica para lo cual previamente debe tener formación pedagógica. Pero, el abogado-jurista, es el profesional del derecho que estudia, analiza, compara, interpreta, efectúa aportes y críticas a la Constitución, legislación y reglamentación vigente cuando encuentra vacíos, contradicciones o deficiencias. No solo eso, el abogado-jurista está obligado a crear doctrina jurídica que es una fuente del derecho y aportar una teoría que puede ser importante en la formación del nuevo derecho y que podría convertirse a futuro en norma jurídica e innovación en la evolución del derecho y una opinión especializada que puede ayudar a quienes administran justicia a nombre del estado. Por lo tanto, hay diferencias entre el abogado y el jurista. El jurista debe entender y manejar el lenguaje jurídico, sus términos y técnicas, ubicar las normas específicas o principios del derecho y saber interpretarlas adecuadamente.

Históricamente, la comunidad jurídica tuvo juristas de oro en el mundo. Entre ellos, Marco Tulio Cicerón, Ulpiano, Edward Coke, Hugo Grocio, Cesare Beccaria, Jhon Marshall, Maurice Hauriou, Hans Kelsen, Francesco Carnelutti, Alfred Thompson, Karl Loewenstein,  entre otros que aportaron al derecho mundial y brillaron con luz propia. En el Perú también tuvimos juristas de renombre internacional por su amplia producción intelectual en el campo jurídico. Destacan sin duda tres patricios y juristas arequipeños universales por cuya trayectoria Arequipa fue denominada  en el siglo XIX y XX la “Capital Jurídica del Perú” y que estudiaron en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín. Ellos fueron el Dr. Francisco García Calderón, abogado, jurista, militar, político y diplomático quien llegó a ser Presidente del Perú en 1881 y autor del famoso Diccionario de la Legislación Peruana, escribiendo media de docena de publicaciones relacionadas al derecho, la economía y la historia del Perú. El Dr. Víctor Andrés Belaunde Diez Canseco, quien no solo fue abogado y jurista, sino diplomático, político, intelectual, escritor y docente universitario, llegando a ocupar la Presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas entre 1959-1960 y fue autor de doce publicaciones jurídico-políticas.


El Dr. José Luis Bustamente y Rivero, abogado, jurista, diplomático y escritor. Fue Presidente de la República entre 1945 a 1948 y Presidente de la Corte Internacional de Justicia entre 1967-1969 y autor de quince publicaciones de alcance internacional. Entre el siglo XX y XXI el país, ha contado con algunas decenas de juristas de reconocido prestigio nacional. Entre ellos Domingo García Belaunde, Max Arias Schereiber, Marcial Rubio Correa, Jorge Santisteban de Noriega, Francisco Eguiguren, Ernesto Blume Fortini, Felipe Osterling, Carlos Ramos Núñez, Oscar Urviola Hani, Javier Valle Riestra, Aníbal Torres y otros cuyo intelecto jurídico se han plasmado en diversas publicaciones especializadas que los estudiantes de derecho y abogados deberían leer con frecuencia. El año 2014, el portal la ley.pe, informó que en el país había 130 mil abogados, concentrándose la mayor cantidad de ellos en Lima con más de 61 mil abogados, siguiendo Arequipa con 8 mil abogados y luego La Libertad, Lambayeque, Cuzco y Puno. Esa misma encuesta reveló que el 25% de abogados tenía como especialidad el derecho penal, el 17% el derecho civil, el 14% el derecho administrativo, 7% el derecho constitucional, el 5% el derecho corporativo y el 3% el derecho tributario. En resumen, en el Perú tenemos bastantes abogados con diversas especialidades, pero tenemos pocos juristas. Reproducimos finalmente el pensamiento del Dr. Ignacio Burgoa Orihuela, relacionado al tema: “Quien solo aprende la legislación y la aplica con más o menos habilidad en el mundo real de los casos concretos, cuando mucho será un legista, nunca un jurista verdadero”.


martes, 14 de marzo de 2017

UN DECRETO EN CONTRA DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO




Al amparo de la delegación de facultades legislativas que le concedió el Congreso al Poder Ejecutivo, el 06 de enero del 2017, el gobierno nacional ha publicado el decreto legislativo 1,326 por el cual crea la Procuraduría General del Estado. Dicho decreto, constituye a nuestro juicio un retroceso y no es ningún avance en el sistema de defensa jurídica del estado por las razones que resumiré brevemente. 1.- El anterior decreto legislativo 1,068 que emitió el Presidente García el año 2,008, se denominaba Sistema de Defensa Jurídica del Estado. El nuevo decreto legislativo 1,326 que emitió el Presidente Kuchinsky lleva hoy la denominación de creación de la Procuraduría General del Estado. Es decir, es solo un cambio de nombre, pero en esencia casi no cambia nada sustantivo como lo demostraremos más adelante. 2.- El principal argumento del nuevo decreto legislativo es “reestructurar el sistema administrativo de defensa jurídica del estado como ente rector a efectos de mantener y preservar su autonomía, uniformidad y coherencia”. El sinónimo de reestructurar es cambiar, reformar o reorganizar el sistema que regula la labor de los Procuradores Públicos. Sin embargo el decreto 1,326 no reestructura casi nada y por el contrario, mantiene casi el mismo esquema jurídico del decreto legislativo 1,068 que emitió el ex presidente García.

3.- El decreto legislativo 1,068 en su artículo 03, señalaba que el Ministerio de Justicia era el ente rector del sistema, mientras que el artículo 06 indicaba que el Consejo de Defensa Jurídica del Estado era el ente colegiado que dirigía y supervisaba el sistema y estaba integrado por el Ministro de Justicia o la persona que lo represente, designado mediante resolución suprema y por dos miembros designados también por resolución suprema. El nuevo decreto legislativo 1,326 en su artículo 09, señala hoy que la Procuraduría General del Estado es un organismo técnico adscrito al Ministerio de Justicia, mientras que el artículo 14 indica que el Consejo Directivo está integrado por tres miembros que son designados por resolución suprema refrendada por la Ministra de Justicia, en tanto que el artículo 18, precisa que el Procurador o Procuradora General de la República es el titular del pliego y es designado por el Presidente de la República a propuesta de la Ministra de Justicia. ¿Qué se ha reestructurado o que cambio notable y profundo es visible entre el decreto 1068 y el nuevo decreto 1326? Absolutamente nada. Es decir, el Procurador General del Estado, es dependiente del gobierno nacional ya que será propuesto por la Ministra de Justicia y designado por el Presidente de la República. ¿No sabe la Ministra de Justicia y el Presidente Kuchinsky que es una cosa es el Estado y otra cosa es el Gobierno?

4.- La dependencia de la Procuradora General del Estado del Ministerio de Justicia y del Presidente de la República, le hará mucho daño a este nuevo organismo técnico creado en forma reciente. ¿Qué sucedería si la actual Procuradora General del Estado encuentra indicios de delitos en el Ministerio de Justicia o Presidencia de la República? ¿Denunciaría ante el Ministerio Publico a la Ministra de Justicia y al Presidente de la República a quien la propuso para ese cargo y a quien rubricó su designación como Procuradora General de la República? Una vergüenza para los peruanos que el gobierno nacional no sepa distinguir las diferencias entre Estado y Gobierno. Lo más censurable es que la Ministra de Justicia y la actual Procuradora General del Estado, ambas abogadas, no se dan cuenta que mantener la Procuraduría General del Estado en el Ministerio de Justicia, viola el principio de separación de poderes que establece el artículo 43 de la Constitución, ya que el poder de ejercer el gobierno (el poder ejecutivo) no se puede concentrar en una institución o autoridad (Ministerio de Justicia) sino que debe estar distribuido en varios poderes u organismos constitucionales autónomos para controlarse mutuamente y concentrar la Procuraduría General del Estado en el Ministerio de Justicia, simplemente es ponerla a disposición del gobierno nacional como hicieron los anteriores gobiernos.


5.- ¿Qué proponemos? Kuchinsky debió presentar un proyecto de reforma constitucional del artículo 47 de la actual Carta Magna para crear la Procuraduría General del Estado como organismo constitucional autónomo cuyo Procurador debería ser elegido por dos tercios de votos de la representación parlamentaria (87 votos) en concurso público abierto. Solo de esa manera el Procurador del Estado una vez elegido por mayoría calificada, sus futuras actuaciones no dependerían ni del poder ejecutivo, legislativo ni judicial, ni de los gobiernos descentralizados y tendría la suficiente autonomía, libertad e independencia para denunciar a cualquier autoridad que cometa actos ilícitos, pero también tendría autonomía orgánica, funcional, presupuestal y administrativa para cautelar los intereses de Estado y no de los gobiernos de turno. En resumen, el decreto legislativo 1,326 es un retroceso más en la defensa de los intereses de estado y todo parece indicar que dicho  decreto en el gobierno de Kuczynski en nada ayudaría a luchar contra la corrupción enraizada en el gobierno, en el estado y sociedad.

LOS PAÍSES MÁS Y MENOS CORRUPTOS DEL MUNDO

                              

De 193 países afiliados a la ONU, 176 fueron sometidos al Índice de Percepción de Corrupción (IPC) el año 2016, siendo publicados los resultados oficiales el 27 de enero del 2017 por Transparencia Internacional que dirige el peruano José Ugaz, cuyos resultados son alentadores para los países nórdicos y lamentables para la mayoría de países americanos. El IPC está integrado por combinación de encuestas y evaluaciones anticorrupción consultadas a instituciones privadas con prestigio reconocido en el mundo que se especializan en análisis de gobernabilidad y entorno de negocios donde toman en cuenta el Barómetro Global de la Corrupción y el Informe Global de la Corrupción.  La puntuación que se otorga a un país-territorio es en una escala de 0 a 100 puntos, donde 0 implica que un país se percibe como un país sumamente corrupto y 100 como país más transparente o menos corrupto en corrupción administrativa o política. Un resumen del informe mundial nos ayudará a conocer cuál es la situación del Perú, respecto de países vecinos.

Del total de 176 países sometidos a evaluación mundial, estos fueron los puestos que obtuvieron los países: 1.- Dinamarca con 90 puntos, 2.- Nueva Zelanda con 90 puntos, 3.- Finlandia con 89 puntos, 4.- Suecia con 88 puntos, 5.- Suiza con 86 puntos, 6.- Noruega 85  puntos, 7.- Singapur con 84 puntos, 9.- Holanda con 83 puntos, 10.- Alemania con 81 puntos. Una primera conclusión es que entre los diez primeros países evaluados mundialmente, siete países nórdicos fueron considerados el año 2016 como los países menos corruptos del mundo o dicho de otra manera, los países más “limpios” del planeta. Entre los países más corruptos o “sucios” del mundo, estos fueron los puestos que ocuparon los siguientes países: 166.- Venezuela con 17 puntos, 167.- Guinea: 16 puntos, 168.- Afganistán con 15 puntos, 169.- Libia 14 puntos, 170.- Sudan con 14 puntos, 171.- Yemen con 14 puntos, 172.- Siria con 13 puntos, 173.- Corea del Norte con 12 puntos, 174.- Sudan del Sur 11 puntos  y, 175.- Somalia con 10 puntos. Una segunda conclusión es que en la mayoría de estos países hay dictaduras militares que impiden un control y en algunos países como Venezuela hay un gobierno cívico militar que impide la transparencia y el control político y social.   

Entre los países americanos menos corruptos figuran los siguientes puestos: 9.- Canadá con 82 puntos, 21.- Uruguay  con 71 puntos, 24.- Chile con 66 puntos, y puesto 41.- Costa Rica con 58 puntos. Una tercera conclusión es que estos países americanos tienen valores y culturas intolerantes a la corrupción en el estado y la sociedad desde que nacieron como países soberanos lo que hasta hoy se mantiene. Como países medianamente corruptos, figuran los siguientes puestos según Transparencia Internacional: 60.- Cuba con 47 puntos, 79.- Brasil con 40 puntos, 87.- Panamá con 38 puntos, 90.- Colombia con 37 puntos,  95.- Argentina con 36 puntos, 101.- Perú con 35 puntos, 113.- Bolivia con 33 puntos, 120.- Ecuador con 31 puntos, 123. Honduras con 30 puntos, 123.- México con 30 puntos, y, 124.- Paraguay con 29 puntos. Una cuarta conclusión es que estos países posiblemente bajen más aun en puntuación en el ranking mundial de corrupción el año 2017 por las ramificaciones del mega caso Odebrecht que traerá un cataclismo político, jurídico y económico en el continente americano por sus enormes ramificaciones.

La pregunta es obvia. ¿Por qué desde hace una década los países nórdicos siguen ocupando los primeros lugares en el mundo en casi todo, comparado con los países latinos, incluido la lucha anticorrupción? Son muchos los factores: a) tienen profundos valores y patrones culturales enraizados en su historia como pueblo. No practican la cultura latina de “pepe, el vivo” de sacarle la vuelta a la ley ni a sus costumbres ancestrales, porque para ellos ser “limpios” es sinónimo de honestidad y responsabilidad, y ser “sucio” es sinónimo de corrupto e inmoral, b) Ellos cumplen escrupulosamente las normas legales y el 85% de sus contribuyentes pagan sus impuestos porque consideran que solo de esa manera lograran el “estado del bienestar “, c) pregonan y practican los principios universales de la solidaridad y la equidad porque están convencidos que pagando sus impuestos, su Estado les dará educación y salud gratuita de calidad, buena infraestructura pública y servicios de seguridad y justicia eficientes y oportunos, d) Una anécdota lo grafica todo. En 1995, la primera vice primera ministra Mona Sahlim fue sorprendida por el desvió de recursos públicos para fines personales a través del diario Expresen ya que la funcionaria pública utilizó su tarjeta electrónica para altos ejecutivos  comprando un chocolate en una tienda que no estaba considerada en la ley ni en el presupuesto estatal. La funcionaria ante el temor de la opinión pública y sus jefes, tuvo que renunciar de inmediato y pedir disculpas al pueblo sueco. En la historia republicana del Perú, ¿Alguna vez hemos apreciado a algún  presidente de la república, ministro, congresista, gobernador regional o alcalde pedir perdón o disculpas al pueblo por casos de corrupción y  por la confianza traicionada a sus electores?